Miles de personas se movilizaron para reclamar que se modifique la legislación actual, vigente desde 1989.
En el marco de una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana, miles de personas se movilizaron este sábado en más de 20 ciudades de Argentina -incluidas Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y Río Gallegos- para exigir una profunda reforma de la actual Ley de Drogas, sancionada en 1989. En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización más masiva culminó frente al Congreso Nacional con un fuerte reclamo por una legislación más justa y basada en los derechos humanos.
La concentración comenzó pasado el mediodía en Plaza de Mayo, desde donde partieron hacia el Congreso cerca de las 16. La columna principal estuvo encabezada por una bandera con la consigna: “Por una nueva ley de drogas. Basta de preses por marihuana”, en una clara denuncia sobre la criminalización de los consumidores y cultivadores de cannabis.
El reclamo fue impulsado por organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, Matria Cannábica y Jardín del Unicornio, entre otras agrupaciones cannábicas y de derechos humanos. En un documento conjunto, los organizadores advirtieron que la Ley 23.737 “sigue encarcelando, estigmatizando y empujando a la clandestinidad a miles de personas”, afectando de manera desproporcionada a sectores populares, mujeres y personas racializadas.
Los activistas señalaron que la legislación vigente favorece un enfoque punitivo que no resuelve los problemas asociados al narcotráfico ni protege a los usuarios. “Mientras el mundo avanza hacia modelos de regulación legal, basados en derechos humanos, salud pública y justicia social, nuestro país insiste en un paradigma sin sustento ni resultados”, expresaron, según publicó Infobae.
Durante el acto frente al Congreso, se leyeron discursos que exigieron la eliminación de prácticas represivas como detenciones arbitrarias, requisas violentas y persecuciones judiciales por tenencia mínima o autocultivo. También hubo fuertes críticas al gobierno nacional, particularmente por las restricciones impuestas al Reprocann -el registro de usuarios medicinales de cannabis- que mantiene a cerca de 100.000 personas en lista de espera sin autorización para cultivar o acceder legalmente al aceite medicinal.
La necesidad de una reforma urgente
A pesar de contar con dos leyes nacionales -la de cannabis medicinal (27.350) y la de cannabis y cáñamo industrial (27.669)-, las organizaciones denunciaron que su aplicación es limitada debido a medidas restrictivas adoptadas por el gobierno. “A pesar de los avances visibles, aún se persigue a quienes utilizan la planta como un medio de cuidado, autonomía y subsistencia”, indicaron.
Además, recordaron que la Corte Suprema ya declaró inconstitucional en 2009 un artículo de la actual ley de drogas a través del fallo “Arriola”, señalando que el consumo personal no debe ser penalizado si no afecta a terceros, en línea con el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Uno de los puntos centrales del reclamo fue la exigencia de una reparación histórica para quienes fueron criminalizados por el uso o cultivo de cannabis. “Queremos amnistía, absolución, sobreseimiento, cancelación de antecedentes penales y reparación económica para las víctimas del prohibicionismo”, destacaron los manifestantes, al tiempo que repudiaron la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por promover políticas de mano dura y represión.
