El tribunal oral aceptó la apelación de la ex presidenta a que tenga que pedir autorización para quienes no sean sus familiares, custodios, médicos y abogados.
La Cámara Federal de Casación Penal analizará el régimen de visitas impuesto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en su domicilio del barrio porteño de Monserrat. La medida se da en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, en la que fue condenada por administración fraudulenta.
El conflicto surgió luego de que el Tribunal Oral Federal 2 -integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu– estableciera una serie de condiciones para las visitas que la ex mandataria puede recibir sin autorización judicial. Según esa disposición, solo pueden ingresar libremente al departamento de la calle San José 1.111 los familiares, custodios, médicos y abogados incluidos en un listado previamente presentado, mientras que cualquier otra persona necesita autorización expresa de la justicia.
La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, presentó ese listado en un pen drive que solicitó mantener reservado. Sin embargo, también apeló la decisión del tribunal al considerar que las restricciones impuestas son inconstitucionales y excesivas.
“La normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a quienes cumplen su pena bajo arresto domiciliario, más allá del cumplimiento estricto de la privación de la libertad”, argumentaron los defensores en su planteo, al que accedió Infobae. Afirmaron que “las personas privadas de libertad en su domicilio pueden desarrollar todas las actividades no prohibidas por ley”.
El tribunal rechazó el planteo y recordó que la objeción fue presentada fuera de plazo, por lo que el único recurso habilitado es la apelación ante la Cámara de Casación, que fue aceptada y se encuentra ahora en manos de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Se trata del mismo tribunal que confirmó previamente la condena a la ex presidenta antes de su revisión por la Corte Suprema.
Más temas en discusión
La Cámara también podría intervenir sobre otras cuestiones que siguen en debate, como la propia prisión domiciliaria y el uso de la tobillera electrónica impuesta por el tribunal. La defensa se opuso a esa medida argumentando que Cristina Kirchner cuenta con custodia oficial permanente, por lo cual el monitoreo electrónico sería innecesario. No obstante, el tribunal oral ordenó igualmente su implementación y la tobillera fue colocada la semana pasada.
Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se opusieron en su momento a que la ex mandataria accediera al beneficio del arresto domiciliario. Sostuvieron que no existen razones de salud ni humanitarias que justifiquen una medida excepcional como esa, y que el encierro carcelario no vulneraría el derecho a un trato digno.
Tanto la Fiscalía como la defensa aún están dentro del plazo legal para apelar otros aspectos de la causa, por lo que se espera que la Cámara de Casación tenga un papel clave en los próximos meses en la definición de las condiciones de cumplimiento de la pena de la ex presidenta.