Un informe interno revela que la Secretaría de Inteligencia monitorea actividades políticas, sindicales y sociales, pero excluye de sus reportes a funcionarios del Gobierno y dirigentes oficialistas.
En medio de un clima electoral tenso, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) elabora informes sistemáticos sobre actividades políticas, sindicales y sociales de espacios opositores, sin incluir a dirigentes de La Libertad Avanza, del PRO ni a funcionarios nacionales. La revelación, publicada por La Nación, refuerza las acusaciones de espionaje interno ya denunciadas por legisladores opositores en mayo pasado.
El periodista Hugo Alconada Mon accedió a uno de esos documentos clasificados, titulado “Hechos previstos 09JUL25”, elaborado por la Agencia de Seguridad Nacional, una de las dependencias de la SIDE que comanda Sergio Neiffert. El informe detalla actividades previstas para el feriado del 9 de Julio, como actos políticos de la oposición, protestas sindicales, movilizaciones de jubilados, personas con discapacidad y otras expresiones sociales, todas de carácter legal.
Sin embargo, el reporte omite toda mención a referentes de La Libertad Avanza o del PRO, en especial en aquellas provincias o municipios donde estos espacios son aliados. “La SIDE intenta anticipar las movidas previas a las elecciones, pero excluye de su tarea informativa a los aliados del oficialismo”, advirtió Alconada Mon en su nota.
Espionaje selectivo y advertencias previas
La denuncia reaviva las alarmas sobre espionaje político, especialmente luego de que, en mayo, diputados y senadores de bloques opositores solicitaran explicaciones al titular de la SIDE tras trascendidos sobre seguimientos y escuchas ilegales. La publicación de La Nación parecería confirmar la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que considera como “sujetos de interés” a quienes “manipulen la opinión pública”, difundan “desinformación” o “erosionen la confianza en los funcionarios”.
En ese marco, colectivos de jubilados, gremios, partidos opositores y organizaciones sociales figuran como blanco de seguimiento, pese a no haber indicios de acciones ilícitas. La línea divisoria entre inteligencia preventiva y vigilancia política parece cada vez más delgada.
