La querella, en representación de Yáñez, ya había solicitado la elevación a juicio hace un mes.
El fiscal federal Ramiro González solicitó formalmente que el ex presidente Alberto Fernández sea sometido a juicio oral y público por las acusaciones de violencia de género presentadas por su ex pareja, Fabiola Yáñez.
González presentó su dictamen ante el juez federal Julián Ercolini, considerando que la investigación está completa y que no hay medidas de prueba pendientes. El fiscal acusó a Fernández de los delitos de lesiones leves y graves agravadas (por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género) y amenazas coactivas. De ser hallado culpable, la pena podría alcanzar los 18 años de prisión.
La querella, en representación de Yáñez, ya había solicitado la elevación a juicio hace un mes. Tras la presentación del dictamen fiscal, la defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carreira, deberá expresar su opinión. El juez Ercolini notificó a la defensa sobre ambas solicitudes y les otorgó un plazo de seis días, con posibilidad de prórroga, para responder. Una vez recibida la respuesta de la defensa, el juez estará en condiciones de decidir si eleva la causa a juicio oral.
En caso de elevarse a juicio, se sorteará un Tribunal Oral Federal para llevar adelante el proceso.
El origen de la causa
La investigación se originó en agosto del año pasado a partir de un desprendimiento de otra causa en la que Fernández está procesado por presunta corrupción en la contratación de seguros durante su gobierno. Durante el peritaje del teléfono celular de María Cantero, ex secretaria privada del ex presidente, se encontraron comunicaciones con Yáñez en las que ella enviaba fotos de moretones y relataba agresiones por parte de Fernández.
Inicialmente, Yáñez desistió de presentar una denuncia formal. Sin embargo, tras la divulgación pública del caso, decidió realizar la presentación judicial que dio inicio a la investigación.
En el marco de la investigación, declararon familiares de Yáñez, médicos y empleados de la Quinta de Olivos, donde habrían ocurrido los hechos. El juez Ercolini procesó a Fernández, dando por acreditado que el ex presidente golpeó a Yáñez en al menos dos ocasiones, provocándole moretones en el brazo y el ojo derecho, y que la coaccionó para que no presentara la denuncia penal. Esta decisión fue ratificada en abril por la Cámara Federal.
En su resolución, los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron que existían «fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, además de un aislamiento (forzado por estos hechos) mantenido en un espacio muy particular (casa de huéspedes de la Quinta Olivos) donde Fernández era la autoridad máxima, ciertamente fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima».
