Conflicto público por medida cautelar genera tensión entre Gobierno y empresarios.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, protagonizó un momento tenso en el Council of the Americas al increpar al presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, por una medida cautelar judicial. Durante su discurso, Sturzenegger pidió públicamente que se dé de baja la cautelar que impedía cobrar un aporte obligatorio a empresas no afiliadas a cámaras comerciales.
Ante la solicitud, Grinman respondió: “Estamos en democracia”, provocando aplausos del auditorio y manteniendo la calma en medio del cruce.
Qué motivó el cruce: la cautelar de Inacap
El conflicto se originó por la acción judicial presentada por el Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap), que no depende directamente de la CAC, sino que trabaja para más de 500 cámaras del país. La medida judicial buscaba mantener vigente un aporte obligatorio que, según el Gobierno, vulnera la libertad de asociación y fue eliminado por el Decreto 149/2025.
Sturzenegger explicó que su pedido buscaba evitar que la justicia se use para mantener privilegios económicos de ciertas entidades empresariales. Por su parte, Grinman aclaró que la CAC no fue la solicitante de la cautelar y defendió la trayectoria de más de 100 años de la institución.
El Decreto 149/2025 y la eliminación de aportes obligatorios
En marzo de 2025, el Ejecutivo eliminó los aportes obligatorios que empresas debían realizar a cámaras comerciales sin estar afiliadas. Entre los ejemplos más conocidos se encuentra el aporte al Inacap, que representaba aproximadamente $4.725 por empleado, generando un flujo anual de casi $70.000 millones. Con la medida, estos aportes pasan a ser voluntarios, un cambio justificado por el Gobierno como una corrección necesaria para respetar la libertad de asociación y evitar cargas económicas indebidas.
Reacciones y consecuencias del cruce
Grinman subrayó que el término “casta” no afecta a la CAC ni a sus dirigentes, mientras que Sturzenegger destacó su intención de avanzar con la revolución anti-casta impulsada por el Gobierno de Milei. El episodio generó atención mediática y señales de alerta entre inversores y empresarios, quienes observan de cerca la relación entre el Ejecutivo y las cámaras del sector privado.
