La acción judicial busca frenar un supuesto operativo de inteligencia ilegal que, según el Ejecutivo, pretendía desestabilizar al país en plena campaña electoral. La acción judicial busca frenar un supuesto operativo de inteligencia ilegal que, según el Ejecutivo, pretendía desestabilizar al país en plena campaña electoral.
El Gobierno argentino consiguió este lunes una medida cautelar judicial que prohíbe la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, tras la filtración de grabaciones que involucran presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La acción judicial busca frenar un supuesto operativo de inteligencia ilegal que, según el Ejecutivo, pretendía desestabilizar al país en plena campaña electoral.
Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni, la denuncia presentada ante la Justicia sostiene que la difusión de los audios no fue un hecho casual, sino un ataque planificado. La denuncia recayó en el Juzgado Federal 12, subrogado por el juez federal Julián Ercolini. Entre los señalados por el Gobierno se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, quienes también fueron objeto de allanamientos, al igual que el medio de comunicación Carnaval Stream.
El fallo judicial, firmado por el juez Alejandro Patricio Maraniello, establece el cese inmediato de la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada y atribuidos a Karina Milei, prohibiendo su reproducción a través de medios escritos, audiovisuales y redes sociales. La medida incluye la intervención del ENACOM para garantizar su cumplimiento, y fue celebrada por el Gobierno como un reconocimiento a la gravedad de la violación a la privacidad institucional.
El Ejecutivo sostiene que la maniobra tenía como objetivo generar caos y desinformación, afectando el proceso electoral y la estabilidad institucional. Además, argumenta que las grabaciones podrían haberse realizado dentro de la Casa de Gobierno, lo que representa una amenaza inédita a la seguridad de la Presidencia.
Por su parte, el periodista Jorge Rial criticó la decisión judicial y la intervención del Gobierno, calificando la medida como un acto de censura previa y un atropello a la libertad de prensa, y defendió la veracidad de los audios de Spagnuolo, asegurando que su investigación no busca perjudicar al Ejecutivo, sino informar sobre hechos de corrupción.
