El mandatario rechazó la totalidad de la normativa 27.795 aprobada por ambas cámaras del Congreso en agosto pasado.
El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó este miércoles el veto de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso a mitad de agosto que establecía una recomposición para las partidas presupuestarias de las universidades públicas.
Así, el Poder Ejecutivo (PE) echó por tierra a la legislación que establece el llamado a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación; la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
Los argumentos del PE
En el veto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno señala que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento.
Advierte que las fuentes indicadas para el financiamiento (como mayores ingresos recaudados por encima de lo presupuestado y la reasignación de partidas) resultan “genéricas”, no se relacionan de manera directa con los nuevos gastos previstos y no garantizan la suficiencia ni la disponibilidad de recursos.
El oficialismo también argumentó que la implementación de la ley generaría un aumento significativo y no cubierto del gasto público, con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica.
