Martín Cormick dispuso una medida cautelar que dejó provisoriamente sin efecto el Decreto 759/2025, que había condicionado la aplicación de la norma pese a la insistencia del Congreso.
Un duro revés sufrió este martes la administración del presidente Javier Milei. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 suspendió el decreto que había dejado sin efecto la ley de financiamiento universitario. La medida fue dispuesta por el juez Martín Cormick y obliga al Poder Ejecutivo (PE) a aplicar de manera inmediata los aumentos salariales y de becas para los estudiantes.
En su resolución, el magistrado destacó la existencia de un deber claro por parte del Estado, sustentado en el proceso legislativo que incluyó el veto del presidente Milei y la posterior ratificación de la ley por ambas cámaras del Congreso.
Al fundamentar el fallo, Cormick subrayó que “el deterioro salarial tiene una incidencia no sólo sobre el colectivo demandante sino sobre el efecto de su trabajo -esto es, una afectación del Derecho a enseñar y aprender del artículo 14 de la Constitución Nacional-”. En ese sentido, sostuvo que la situación impacta de manera directa en el sistema educativo público.
Asimismo, el magistrado señaló que “la no concesión de la medida implicaría a priori y en el estado larval del proceso, un ahorro poco significativo porcentualmente para el presupuesto global de gastos de la Administración Pública Nacional”, relativizando el argumento fiscal esgrimido por el Ejecutivo.
La acción judicial se inició luego de que el jefe de Estado vetara la ley de financiamiento universitario, veto que fue ratificado por el Congreso con la mayoría requerida. No obstante, posteriormente el Gobierno dispuso su suspensión mediante un decreto. Frente a esto, Cormick afirmó que, en una revisión preliminar, la insistencia legislativa debe prevalecer sobre cualquier suspensión administrativa, ya que la Constitución Nacional no contempla esa posibilidad.
