Un informe de la Justicia reveló que 78 militares y policías condenados mantuvieron su estatus de retiro desde 2022.
Durante los primeros días de marzo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) dio a conocer un informe que expone una situación irregular persistente desde hace años: decenas de integrantes de fuerzas de seguridad y armadas, condenados por crímenes de lesa humanidad, continuaban sin haber sido formalmente dados de baja.
Pese a contar con sentencias firmes, muchos de ellos seguían registrados como retirados, lo que implica la conservación de beneficios y un vínculo institucional activo con el Estado.
El documento señala que, aun después de que la PIA notificara a las autoridades correspondientes y solicitara las desvinculaciones, al menos 50 de estos casos permanecen sin resolución. En total, la investigación identificó 78 situaciones de este tipo, detectadas desde 2022.
La pesquisa se inició a fines de ese año, a partir de un requerimiento de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, motivado por tres casos puntuales: dos en la Policía Federal y uno en la Gendarmería. Tras verificar que esas personas seguían en condición de retiro, la PIA pidió sus bajas y amplió la revisión, lo que permitió identificar decenas de casos similares en distintas fuerzas.
A lo largo de 34 páginas, el informe detalla cada uno de los expedientes y subraya que la obligación de disponer la baja de los condenados no solo responde al derecho interno, sino también a compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos. En ese sentido, remarca que la desvinculación definitiva constituye una consecuencia necesaria de las sentencias firmes y un requisito para su cumplimiento integral.
Otro de los ejes del documento es la diferencia entre el estado de retiro y la baja definitiva. Según la PIA, mantener a los condenados como retirados no solo implica un incumplimiento en la ejecución de las penas, sino que preserva un vínculo institucional con el Estado. Esto se traduce en el acceso a beneficios como pensiones, jubilaciones y cobertura de salud, e incluso en la posibilidad técnica de ser convocados nuevamente.
El relevamiento también arrojó datos concretos: en distintas fuerzas se detectaron casos de condenados que fallecieron sin haber sido dados de baja; en la Prefectura había 11 agentes en situación de retiro; en el Ejército, 55 de 101 condenados seguían bajo ese estatus al 28 de diciembre de 2023; en la Armada, 7; y en la Fuerza Aérea, 2.
Tras reunir esta información, la PIA impulsó pedidos de baja ante las autoridades correspondientes en cada fuerza y ministerio. Sin embargo, según el informe, a comienzos de marzo persistían demoras significativas y obstáculos administrativos que impedían completar los trámites. Como resultado, al menos 50 exagentes continuaban figurando como retirados.
El documento advierte que esta situación es incompatible con las obligaciones jurídicas y éticas del Estado argentino en materia de derechos humanos y señala la existencia de un problema estructural en la efectiva desvinculación institucional de personas condenadas por los crímenes más graves desde el retorno de la democracia en 1983.
