Régimen Penal Juvenil: Tucumán es la primera provincia en adaptarse al nuevo sistema nacional
La Legislatura aprobó el Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil con 44 votos a favor y uno en contra.
La Legislatura de Tucumán sancionó el proyecto de ley que establece el “Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil” y adapta la normativa provincial a la Ley Nacional N° 27.801. La iniciativa fue aprobada en una sesión especial presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, con 44 votos afirmativos y uno en contra.
Según lo establecido por la nueva normativa, Tucumán se convirtió en la primera provincia en adecuar su legislación al régimen nacional, que establece un sistema específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por la comisión de delitos.
La ley provincial regula cómo deberán ejecutarse, supervisarse y controlarse las medidas y penas dispuestas por la Justicia cuando su aplicación quede bajo responsabilidad de organismos tucumanos. El sistema incorpora además un abordaje socioeducativo, con el objetivo de promover la integración social y reducir la reincidencia.
Un sistema provincial especializado
Entre las principales herramientas previstas por la ley se encuentra la creación del Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la órbita del Poder Judicial.
Los supervisores tendrán a su cargo el seguimiento de cada adolescente, el control del cumplimiento de las medidas impuestas por la Justicia y la articulación con organismos e instituciones vinculadas con su proceso de reintegración social.
La normativa también dispone que las penas privativas de la libertad deberán cumplirse en establecimientos especializados para menores de 18 años. Para ese fin, crea el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, que estará destinado a la ejecución de penas y de determinadas medidas previstas por el nuevo régimen.
El sistema provincial fija como objetivos la responsabilización de los adolescentes frente al delito, su integración social, la reducción de la reincidencia y la protección de las víctimas y de la comunidad.
Cinco proyectos y participación de los tres poderes
El proyecto fue analizado previamente en la Comisión de Legislación General, presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse. El tratamiento incluyó reuniones y mesas de trabajo con representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales y abogados especializados en las áreas alcanzadas por la normativa.
Vargas Aignasse destacó el trabajo realizado para adecuar la estructura provincial al nuevo régimen nacional y sostuvo que el objetivo no debe limitarse a la aplicación de una pena. “Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo”, afirmó.
