Una isla, millones de reales y una denuncia: el escándalo que enfrenta a Richarlison con Flavio Bolsonaro
El delantero brasileño acusó al hijo del expresidente Jair Bolsonaro de participar en una maniobra para quitarle una propiedad valuada en 10 millones de reales. El senador negó las acusaciones y Lula pidió investigar el caso.
Una disputa inmobiliaria que involucra a Richarlison, delantero de la selección brasileña y del Tottenham, sacudió el escenario político de Brasil a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El futbolista acusó públicamente a Flávio Bolsonaro, senador, candidato presidencial e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de participar en una maniobra que lo habría despojado de una propiedad valuada en unos 10 millones de reales. La controversia llegó hasta el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien aseguró haber solicitado una investigación de la Policía Federal.
El conflicto gira alrededor de una mansión ubicada en Ilha Comprida, en Angra dos Reis, frente a las costas de Río de Janeiro. Richarlison sostiene que adquirió los derechos sobre el inmueble entre 2020 y 2021, durante la pandemia, mediante una inversión cercana a los 10 millones de reales. Sin embargo, asegura que perdió la posesión de la propiedad por una maniobra que habría involucrado a Bolsonaro y al abogado Willer Tomaz, allegado al dirigente político.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el delantero relató que Flávio Bolsonaro había mostrado interés en comprar el lugar, pero que rechazó su propuesta. Según su versión, mientras intentaba completar los trámites de regularización, una empresa vinculada a Tomaz consiguió hacerse con los derechos de ocupación en apenas 24 horas.
“Yo no quise venderle la isla. Como no quise, se la quedaron por la fuerza a través de la Justicia. Estábamos resolviendo los papeles y nos decían que podía demorar meses o incluso años. Flávio Bolsonaro y Willer Tomaz consiguieron la posesión en 24 horas”, denunció el futbolista.
Richarlison también cuestionó que, pese a haber invertido una suma millonaria, no recibió ninguna compensación económica. Por ese motivo, reclamó que las autoridades investiguen cómo se realizó la transferencia de los derechos sobre el inmueble.
La respuesta del abogado y los documentos de Richarlison
Las acusaciones fueron rechazadas por Willer Tomaz, cuya empresa, WT Administração de Imóveis e Bens, figura como titular de los derechos sobre la propiedad. El abogado aseguró que la adquisición se realizó legalmente y sostuvo que el futbolista había comprado el inmueble a personas que no contaban con títulos válidos.
“Compraste la isla a invasores. Yo tengo la escritura de compraventa”, respondió Tomaz a través de sus redes sociales. Además, desafió públicamente a Richarlison a presentar documentación que respaldara su adquisición y prometió transferirle los derechos si demostraba que su operación había sido legítima.
El delantero recogió el desafío y el miércoles 21 de octubre difundió contratos y documentos judiciales que, según su interpretación, acreditan la compra. También mostró mensajes dirigidos a Flávio Bolsonaro y reclamó la devolución del inmueble.
La controversia tiene antecedentes judiciales. Una empresa vinculada al jugador y a su entonces representante, Renato Velasco, mantuvo un litigio durante aproximadamente tres años, que llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia de Brasil. Después de recibir resoluciones desfavorables, una de las partes desistió del proceso en 2025.
Según documentación examinada por el medio brasileño UOL, Tomaz adquirió el inmueble en 2022 mediante una operación que, de acuerdo con su versión, representó un desembolso total de 3,6 millones de reales, incluyendo deudas impositivas. Por lo tanto, la afirmación de Richarlison de que la contraparte obtuvo la propiedad sin pagar forma parte de los puntos en disputa.
Lula intervino en la polémica
El caso adquirió mayor repercusión después de que Lula da Silva se pronunciara públicamente en respaldo del reclamo del futbolista. El mandatario cuestionó las diferencias en los tiempos de tramitación ante la Secretaría de Patrimonio de la Unión y aseguró haber pedido a la Policía Federal que investigue las circunstancias de la transferencia.
Richarlison sostiene que su solicitud permaneció sin resolución durante aproximadamente diez meses, mientras que el trámite vinculado a la empresa de Tomaz se habría completado en un solo día, en julio de 2022.
