Con 160 votos positivos y 83 negativos, la oposición no alcanzó los dos tercios que necesitaba para revertir la medida presidencial.

El Gobierno de Javier Milei logró este miércoles convalidar en la Cámara de Diputados el veto a la ley que aumentaba 7,2% todas las jubilaciones y pensiones, y el incremento del bono de $70.000 a $110.000.

La oposición sumó 160 votos a favor del proyecto original y el oficialismo aglutinó 83 rechazos. También hubo seis abstenciones que jugaron a favor del oficialismo porque al estar presentes aumentaron el umbral necesario para llegar a los dos tercios.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendría un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. En número concretos: en agosto las jubilaciones se ajustaron por la inflación de junio (1,62%) y sobre esa baje el mínimo alcanzó $314.305, que junto con el bono extraordinario de $70.000 se transformó en $384.305.

En cambio, si la norma sancionada en el Congreso hubiera quedado firme, los haberes de agosto se habrían calculado de otra manera. El haber mínimo de $314.305 se habría multiplicado por 1,072, lo que daba $336.928. Sumando el bono de $110.000, el total habría alcanzado los $446.928. En tanto que la jubilación máxima se ubicó en $2.114.977 y con esta ley hubiera rondado los $2.267.263.

La Justicia tomó la decisión en base a las irregularidades que arrojaron las pruebas periciales y los testimonios de ex empleados.

La Justicia ordenó la detención de Ariel Fernando García Furfaro, titular de HLB Pharma, el laboratorio vinculado a la distribución de fentanilo contaminado que está siendo investigado por la muerte de al menos 96 personas. El procedimiento quedó a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional.

La medida se dio en el marco de 10 allanamientos que incluyeron no solo a HLB Pharma, sino también a Laboratorios Ramallo, empresas estrechamente relacionadas y bajo investigación.

Además de García Furfaro, la Justicia también investiga a sus hermanos Diego y Damián García, quienes participaban en la gestión de los laboratorios, y a su madre Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB.

Los allanamientos también alcanzaron al director general de ambas compañías, Javier Tchukran, y a los directores técnicos Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.

En el caso de Laboratorios Ramallo, se dispusieron procedimientos sobre su presidente Horacio Tallarico y su director suplente Rodolfo Labrusciano.

La partida contaminad

La investigación, encabezada por el juez Ernesto Kreplak, se centra en la partida 31202 de fentanilo contaminado elaborada por HLB Pharma.

De acuerdo a las reconstrucciones, en aquel momento la presidenta formal de la empresa era la abuela de García Furfaro, una jubilada que nunca participó de decisiones ni estuvo presente en la planta productiva.

Ayer, el magistrado recibió el informe del Cuerpo Médico Forense sobre las primeras 20 historias clínicas de pacientes fallecidos. En al menos 12 casos, los especialistas detectaron un empeoramiento del cuadro tras la aplicación del fentanilo contaminado, que contenía dos bacterias, consignó Infobae.

Si bien el estudio aclaró que no pudo establecerse un “Nexo Causal Directo” entre el medicamento y la muerte de los pacientes, sí determinó que el fármaco de HLB Pharma fue un “factor agravante significativo”, que contribuyó al desenlace fatal en pacientes con múltiples comorbilidades.

En una de sus primeras intervenciones, Carmen Álvarez Riveros abrió una polémica en medio del debate por la emergencia pediátrica.

La senadora Carmen Álvarez Riveros, representante de Pro por Córdoba, desató una polémica en el Senado al cuestionar si los niños de todas las provincias argentinas tienen derecho a ser atendidos en el Hospital Garrahan. Sus comentarios se produjeron durante un debate en el plenario de comisiones sobre la emergencia pediátrica.

La mujer argumentó que la salud es una competencia provincial y que el Garrahan, un hospital financiado por todos los argentinos, atiende principalmente a pacientes de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Planteó la necesidad de un debate sobre cómo organizar el sistema de salud para garantizar que todas las provincias cuenten con los recursos necesarios.

“Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garraham a ser curados -afirmó-. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado“, agregó en una de sus primeras intervenciones mientras se discutía la emergencia sanitaria de la salud pediátrica.

Sus palabras generaron una fuerte reacción del senador Martín Lousteau, quien las calificó de «agravio» y «violencia inusitada». Lousteau defendió el derecho de todos los niños argentinos a acceder a una atención de calidad, independientemente de su lugar de origen.

También pidió que dar el “debate de las competencias” y aclaró: “Es puro del Senado, qué tiene que hacer cada jurisdicción. Es un debate de los senadores que nunca ha sido dado. Por supuesto, lo inmediato es discutir los recursos. Hoy estamos discutiendo los recursos. Quiero que vengan recursos entonces también para Córdoba, cuando atendemos a personas de otra jurisdicción”, insistió.

«Un país injusto»

Ante la controversia generada, Álvarez Riveros aclaró que sus dichos fueron malinterpretados y que no cuestiona la atención que brinda el Garrahan. Sin embargo, insistió en la necesidad de discutir la distribución de recursos y competencias en el sistema de salud.

Martín Lousteau tomó la palabra minutos después de Álvarez Riveros y reaccionó contra su frase. “Creo que hay otros agraviados, casi insultados en sus palabras”, comenzó.

“Un país es injusto -remarcó Lousteau- cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Eso es un país injusto. Entonces, que alguien diga que los niños en Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan, da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona y cuán alejada está de eso”.

A pesar de la polémica, el plenario de comisiones avanzó con el dictamen de la emergencia sanitaria pediátrica, que busca asignar recursos prioritarios para la atención de niños en todo el país y mejorar las condiciones salariales del personal de salud. El proyecto declara al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en pediatría de alta complejidad.

Antes de la sesión en Diputados, el vocero presidencial insistió en que la administración libertaria analiza mejoras en el sector.

A minutos de la sesión en la Cámara de Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que el gobierno de Javier Milei evalúa otorgar un aumento en el monto del subsidio para personas con discapacidad. Sin embargo, esta medida estaría sujeta a que el Congreso ratifique el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Según Adorni, este aumento «reforzaría la cobertura en todo el país» y aseguraría un «financiamiento más justo y acorde a la realidad actual».

El vocero reafirmó que la Casa Rosada sigue de cerca la situación del sector y reconoció que el monto de las prestaciones «está pisado desde hace bastante tiempo». En este sentido, Adorni detalló que la decisión de la administración libertaria es «priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo».

El funcionario explicó que la posible medida se financiaría con los «ahorros» obtenidos de la auditoría a las pensiones por invalidez, con el objetivo de eliminar lo que el Gobierno considera «curros de muchos años». 

Adorni concluyó que esta iniciativa forma parte de una agenda de mejoras para el sector, enfocada en el «uso responsable y eficiente de los recursos públicos», consignó el diario «Ámbito».

Marchas en contra del veto

Miles de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector se movilizan este miércoles en una jornada de protesta federal, tanto en Tucumán como el resto del país. El objetivo principal es presionar a los diputados nacionales para que rechacen el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El punto neurálgico de la protesta es Capital Federal, frente al Congreso de la Nación, donde la Cámara de Diputados trata la medida. Sin embargo, las manifestaciones se replican en las principales ciudades de Argentina. En la provincia, la concentración es en la plaza Independencia, en la capital tucumana.