Así lo dispuso la Secretaría de Trabajo en una mediación entre la compañía y el SUTNA.

 El Gobierno suspendió este miércoles por 15 días los despidos en la empresa Fate, luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

El encuentro promovido por la Secretaría de Trabajo apuntó a la suspensión de los despidos. La resolución ordenó dejar sin efecto las cesantías, al mismo tiempo que obligó a retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.

Esta medida se activó tras el sorpresivo anuncio del cierre definitivo de la planta en San Fernando, luego de 80 años de servicio, y el despido de 920 trabajadores que quedaron en la calle.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Trabajo, expresó a través de un comunicado que, previo a la conciliación obligatoria, la cartera comandada por Julio Cordero “llevó adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo” entre la empresa y el sindicato.

“Se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación, debido a la negatividad sindical. El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, concluyó.

Desde su reglamentación, el programa cuenta con 19.926 inscriptos.

El Gobierno nacional reglamentó recientemente el Régimen de Inocencia Fiscal, una de las piezas centrales de su estrategia económica para “remonetizar” el país. Este plan busca incentivar a los ahorristas a volcar sus divisas al circuito formal, impulsando la actividad económica de cara a los próximos meses. Sin embargo, a pesar de las expectativas depositadas en la iniciativa, los primeros datos oficiales revelan que el programa todavía se mueve a una velocidad menor a la esperada por el oficialismo.

El corazón de esta medida es el Régimen Simplificado de Ganancias, un esquema diseñado para que ciertos contribuyentes queden exceptuados de informar detalladamente su patrimonio a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir con requisitos específicos: ingresos totales del registrador de hasta $1.000 millones anuales, poseer un patrimonio inferior a los $10.000 millones y no estar categorizados como grandes contribuyentes nacionales.

Lógica de fiscalización

Bajo este nuevo paradigma, el ente recaudador modifica su lógica de fiscalización: ARCA dejará de controlar los gastos o bienes de quienes se adhieren, centrándose exclusivamente en los ingresos facturados y los gastos deducibles para el cálculo del Impuesto a las Ganancias. De esta manera, si el contribuyente cumple con sus obligaciones en tiempo y forma según lo estipulado por el organismo, queda automáticamente liberado de cualquier reclamo posterior relacionado con dicho impuesto.

A pesar de las ventajas administrativas que ofrece, la adhesión se mantiene en niveles acotados. Según los registros de ARCA actualizados a fines de diciembre, el Régimen Simplificado cuenta con 19.926 personas inscriptas. Un dato que matiza el crecimiento del padrón es que, en el mismo período de análisis, se contabilizaron 1.229 bajas, lo que refleja una rotación que todavía no termina de consolidar una base masiva de usuarios.

La víctima tenía 60 años y había denunciado violencia de género. El agresor viajó desde Buenos Aires y ahora está internado bajo custodia policial.

Un nuevo caso de femicidio sacudió a la localidad correntina de Paso de los Libres. Rosa Riquelme, de 60 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja, Abelardo Castro, de 69, en medio de una discusión por la venta de una casa que compartían.

El hecho ocurrió en el Pasaje Los Andes del barrio Arraigo, donde la mujer fue encontrada sin vida tras recibir múltiples heridas de arma blanca.

Según informaron fuentes policiales, Castro viajó desde Buenos Aires, donde reside actualmente, para firmar los papeles de la propiedad, luego de meses de separación.

La investigación reveló que Rosa Riquelme había denunciado a su expareja por violencia de género y contaba con una restricción perimetral. Sin embargo, la tensión por la disputa del inmueble derivó en un encuentro fatal.

Durante la mañana, la pareja se reunió para avanzar con la venta de la casa. En ese contexto, se desató una fuerte discusión que terminó de la peor manera: Castro atacó a Riquelme con un cuchillo de varias puñaladas y le provocó la muerte en el acto.

Tras el crimen, Abelardo Castro intentó quitarse la vida, pero no logró su cometido. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado, fuera de peligro y bajo custodia policial.

La causa quedó en manos del fiscal Facundo Sotelo, quien imputó al hombre por posible femicidio. La Justicia avanza en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer todos los detalles del caso.

En algunos casos el monto es completo y en otros proporcional.

La Anses continúa con el calendario de pagos de febrero y el lunes 23 comienza la acreditación del segundo tramo del bono para jubilados y pensionados. El refuerzo previsional forma parte de la política de ingresos del Gobierno, pero no todos los beneficiarios cobran el mismo monto.

Aunque oficialmente se anunció un bono de $70.000, el organismo aplica un esquema diferencial para garantizar un piso de ingresos. Por eso, en algunos casos el monto es completo y en otros proporcional.

¿Quiénes cobran el bono completo de $70.000?

En febrero, la jubilación mínima se ubica en $359.254,35 tras el aumento del 2,85% por movilidad.

Quienes perciben ese haber cobran el bono completo de $70.000, por lo que el total final queda en:

Jubilación mínima: $359.254,35

Bono: $70.000

Total a cobrar: $429.254,35

El refuerzo se deposita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Cómo funciona el “mini bono” proporcional

Los jubilados que cobran un haber superior a la mínima, pero no alcanzan el piso garantizado de $429.254,35, reciben un bono proporcional.

La ANSES calcula la diferencia necesaria hasta completar ese monto.

Ejemplo: 

Haber mensual: $400.000

Piso garantizado: $429.254,35

Bono proporcional: $29.254,35

De esta manera, todos los beneficiarios alcanzados por el refuerzo llegan al mismo ingreso final.

Cuánto cobran en febrero las distintas prestaciones

Con el aumento del 2,85% y el bono, los montos quedan así:

Jubilación mínima

Haber base: $359.254,35

Con bono: $429.254,35

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Haber base: $287.403,48

Con bono: $357.403,48

Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez)

Haber base: $251.478,05

Con bono: $321.478,05

Pensión para Madres de 7 hijos

Haber base: $359.254,35

Con bono: $429.254,35

Quiénes no cobran el bono de ANSES

Los jubilados y pensionados que ya superan los $429.254,35 no reciben refuerzo adicional en febrero. En esos casos, solo se aplica el incremento general por movilidad del 2,85%.

Cuándo cobran los jubilados en febrero

Jubilados con haberes mínimos (bono completo)

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

El lunes 23 marca el inicio del pago para quienes perciben haberes superiores a la mínima y, en caso de corresponder, el bono proporcional que completa el piso garantizado.

El Presidente aceptó eliminar el polémico artículo sobre licencias médicas tras un informe crítico de Legal y Técnica y el ultimátum de los bloques dialoguistas.

Tras un fin de semana de negociaciones fallidas, Javier Milei debió aceptar la realidad política: el artículo 44 de la reforma laboral, que reducía las indemnizaciones por enfermedad, nació muerto. Apoyado en un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica que advirtíó sobre riesgos de inconstitucionalidad y una inminente judicialización, el Presidente autorizó su retiro, pero fijó un límite estricto a sus negociadores: «El resto de la ley no se toca».

La capitulación oficialista se gestó tras el fracaso de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza, quien no logró convencer a los aliados de votar el texto del Senado bajo la promesa de un veto posterior. «Háganse cargo ustedes del costo político», fue la respuesta tajante de los jefes de bancada. 

El rechazo fue total, desde el ultimátum de Cristian Ritondo (PRO) hasta la negativa de los bloques provinciales de Salta y Catamarca, cuya ausencia dejaría al Gobierno sin quórum.

El retroceso también expuso fisuras internas. Patricia Bullrich debió admitir el «error» de una redacción que no distinguía entre un esguince y un cáncer, mientras que los comentarios de Federico Sturzenegger sobre las lesiones por «jugar al fútbol» terminaron de hundir la viabilidad del artículo. 

Sin embargo, la concesión de Milei no detuvo las demandas; el PRO ahora presiona por la libre elección de billeteras virtuales para el cobro de haberes, mientras que bloques provinciales cuestionan el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).