Los magistrados entrarán en funciones durante un año, el tiempo límite autorizado para un nombramiento en comisión.

El presidente, Javier Milei, confirmó este martes que nombrará por decreto simple, en comisión, a los jueces Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). 

En un comunicado, la Oficina del Presidente afirmó que el mandatario «ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel Garcia-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros». 

«Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia», agregó.

En ese sentido, la administración libertaria resaltó que «en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos».

«Cuando una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos. Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República», añadió el escrito. 

El proceso de nominación se inició el 20 de marzo de 2024, cuando el Ejecutivo envió al Senado los pliegos de los candidatos para su correspondiente acuerdo. Posteriormente, el 15 de abril, se publicaron en el Boletín Oficial los antecedentes de ambos juristas y se activaron los procedimientos de consulta y participación ciudadana. Luego de cumplirse todas las instancias requeridas, la administración remitió los mensajes al Senado el 27 de mayo de 2024 para solicitar su aprobación.

El 21 y 28 de agosto se llevaron a cabo las audiencias de Lijo y García-Mansilla, respectivamente. Tras estas instancias, ambos candidatos quedaron en condiciones de obtener dictamen y ser sometidos a votación en la Cámara Alta. Sin embargo, sus pliegos no fueron tratados durante el período ordinario de sesiones. Ante esta situación, el Presidente optó por incluir la cuestión en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, aunque el Senado tampoco dio curso al proceso.

Debido a «la inacción del Senado y al prolongado estancamiento del proceso», el Ejecutivo decidió avanzar con la designación en comisión de los jueces, amparado en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que faculta al Presidente a realizar nombramientos transitorios en caso de vacantes durante el receso legislativo.

Las demoras en la Cámara alta y los antecedentes de nombramientos unilaterales fueron algunos de los argumentos del Poder Ejecutivo.

La administración de Javier Milei anunció este martes por la tarde la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A través de un extenso comunicado, la Oficia del Presidente detalló los motivos por los que se tomó la decisón. 

«Desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el Presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo», señala el escri

Más adelante, detalla que «sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo. Es fundamental recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. El Senado de la Nación debe expresar su acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses políticos».

«En este contexto, cabe destacar que la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso mediante nombramientos en comisión que expiran al finalizar la próxima legislatura. Esta facultad ha sido ejercida a lo largo de 171 años de historia por diversos presidentes», puntualiza y cita dos ejemplos: el de los ex mandatarios Néstor Kirchner y Mauricio Macri.

«La Oficina del Presidente recuerda que una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos. Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República», subr

En consecuencia, se determinó «designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”. “Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos».

«El Gobierno nacional no tolera y tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino», finaliza. 

Milei eligió un camino alternativo para completar las vacantes en el máximo tribunal.

El Gobierno nacional anunció este martes que nombrará en comisión a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. 

¿Qué implica el camino que tomará la administración libertaria? La Constitución Nacional habilita distintos mecanismos para que el Poder Ejecutivo designe a un juez del máximo tribunal. El más habitual requiere la aprobación de dos tercios del Senado de la Nación, pero no es el único: otra de las opciones que establece la Carta Magna es la posibilidad de completar vacantes a través de nombramientos por comisión.

En su artículo 99, inciso 19, establece que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El inciso fue incluido en la Carta Magna desde su redacción en 1860. En aquel momento los recesos eran más largos. Las sesiones ordinarias iniciaban el primero de mayo y finalizaban el 30 de septiembre. El Congreso sesionaba apenas cinco meses al año. Sin embargo, desde la reforma del 1994 las cámaras sesionan desde el 1º de marzo al 30 de noviembre (9 meses).

El nombramiento en comisión no exime a que el Ejecutivo pase por el Senado, aunque habilita a los magistrados a que asuman temporalmente. La Cámara alta, sin demora, deberá tratar el pliego o los pliegos (en el caso actual) designados «en comisión» y someterlo a un posterior acuerdo en el recinto, donde podrán ser aprobados o rechazados, dependiendo del consenso que reúna el oficialismo, consignó el portal Ámbito. 

El cargo será ejercido en primer término de manera «temporal» hasta que el Senado defina su futuro, por lo que la vacante quedará cubierta y el Presidente no podrá designar a otro en su lugar. Es decir, no podrá retrotraer el camino elegido, ni tampoco removerlo.

El juez ocupará el cargo “mientras dure su buena conducta”, a menos que sea removido. También podrá hacerlo a menos que el Senado rechace el acuerdo, por lo que ya no se mantendría ni siquiera “en comisión”. O hasta el fin de “la próxima legislatura”, circunstancia que operaría el 30 de noviembre de 2025.

Además de la creación de la comisión investigadora, el temario incluye los proyectos de interpelación presentados contra altos funcionarios del gabinete de Milei.

En vísperas del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, que serán inauguradas por el presidente Javier Milei este sábado, distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados convocaron a una sesión especial para el próximo 11 de marzo. El objetivo es impulsar una investigación legislativa sobre la presunta estafa con la criptomoneda $Libra, en la que el mandatario figura como protagonista.

Tras el fallido intento de la oposición en el Senado de conformar una comisión investigadora sobre el caso, el bloque Democracia para Siempre, que reúne a sectores del radicalismo crítico del Gobierno, busca instalar un órgano similar en Diputados. La creación de esta comisión encabeza el temario de la sesión especial solicitada por esta bancada, presidida por Pablo Juliano, y cuenta con el respaldo de otros bloques opositores.

Además de la creación de la comisión investigadora, el temario incluye los proyectos de interpelación presentados contra altos funcionarios del gabinete de Milei. Entre los citados figuran el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el vocero presidencial, Manuel Adorni. No obstante, no se incorporó el pedido de juicio político contra el presidente promovido por el kirchnerismo, el cual no ha logrado el consenso suficiente dentro de la oposición.

Sin embargo, ninguna de estas iniciativas cuenta con dictamen de comisión, por lo que su aprobación dependerá del apoyo de bloques como Pro y la UCR, más cercanos al oficialismo. Ante este panorama, algunos legisladores proponen utilizar la sesión especial para emplazar a las comisiones pertinentes, como la de Asuntos Constitucionales, a debatir los proyectos. El pedido de sesión cuenta con el respaldo de Encuentro Federal, encabezado por Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y Unión por la Patria, el bloque opositor más numeroso, liderado por Germán Martínez.

La Región Metropolitana, con 582.430 usuarios sin electricidad, es la más afectada, seguida por Los Lagos (328.488) y Los Ríos (161.843).

Un gran apagón afectó este martes a varias zonas de Chile, dejando a millones de personas sin suministro y generando serias complicaciones en servicios básicos. La Región Metropolitana, con 582.430 usuarios sin electricidad, es la más afectada, seguida por Los Lagos (328.488) y Los Ríos (161.843).

El Coordinador Eléctrico, responsable de la operación del sistema eléctrico, informó a través de su cuenta de X (antes llamada Twitter) que la emergencia se produjo alrededor de las 15.16 , provocando una «pérdida de consumo en varias regiones del paí

La entidad atribuyó la falla a una “desconexión del sistema de transmisión de 500 kV” en la zona del Norte Chico, que abarca desde el sur del Desierto de Atacama hasta Santiago.

Ante la magnitud del evento, la ministra del Interior, Carolina Tohá, compareció ante la prensa para llevar tranquilidad a la población. “No hay ninguna razón para pensar que se trate de un ataque, sino que lo sucedido fue una falla”, aseguró la ministra, agregando que “debiera reponerse el servicio pronto”.

Tambie´n anunció que se están «evaluando medidas para proteger a la población» y prometió que el sistema debería restablecerse «en las próximas horas», aunque sin precisar un plazo exacto.

Las autoridades confirmaron que se encuentran trabajando para recuperar el servicio y han iniciado las investigaciones para determinar la causa del corte. “Las causas de este corte del suministro serán investigadas y analizadas de conformidad al Protocolo previsto por este tipo de contingencias, habiéndose informado de su ocurrencia a la autoridad pertinente”, señalaron fuentes oficiales.

El masivo corte de luz ha provocado interrupciones en diversos servicios básicos, incluyendo la suspensión del servicio en el Metro de Santiago y la Empresa de Ferrocarriles del Estado. La situación ha generado preocupación entre la población y las autoridades trabajan contrarreloj para restablecer el suministro eléctrico y normalizar la situación.