Se trata de un funcionario clave en el gobierno de Javier Milei con un historial político y empresarial; fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Los cambios en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) terminaron por provocar hoy la salida de su titular, Florencia Misrahi, quien será reemplazada por el actual secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Juan Pazo. 

Pazo es un abogado con una trayectoria marcada tanto en el ámbito público como privado, ocupa actualmente un rol relevante en el gobierno de Javier Milei, desempeñándose como figura clave en el ministerio de Economía. 

Con la llegada del actual mandatario, Pazo se convirtió en el nexo fundamental entre el ministro Luis Caputo y los principales referentes de las cámaras empresarias, desde los industriales de la UIA hasta los sectores agropecuarios y pesqueros.

Pazo no solo tiene un pasado en la administración pública, sino también en el ámbito privado y político. Durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), ocupó cargos destacados, como director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017. 

Además, entre enero y diciembre de 2019, se desempeñó como Superintendente de Seguros de la Nación.

Su experiencia en el sector privado incluye su papel como CEO de las empresas textiles del empresario Francisco De Narváez. También ha sido director ejecutivo de firmas offshore vinculadas a la marca Rapsodia, cofundada por su esposa, y a la empresa ganadera Invernea SA.

«Estoy bien de salud», dijo el jefe de Gabinete. Hace tres meses había tenido otra internación.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió el alta médica este sábado de la clínica Sagrada Familia, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Francos había sido internado para someterse a una serie de estudios programados, según confirmaron fuentes cercanas al funcionario.

El parte médico emitido por la institución detalló que el ministro coordinador ingresó al nosocomio como parte de un control clínico y neurológico regular, supervisado por su médico de cabecera, el Dr. Pedro Lylyk.

Se trata de la segunda internación del funcionario en lo que va del año. A principios de septiembre, Francos había sido hospitalizado en el mismo lugar luego de sufrir un cuadro gastrointestinal que derivó en una lipotimia. En ese entonces, fue trasladado desde el Hospital de Pacheco a la clínica Sagrada Familia y pasó dos días en observación mientras se realizaban los estudios correspondientes.

A pesar del episodio anterior, el jefe de Gabinete se recuperó satisfactoriamente y recibió el alta el lunes 9 de septiembre.

El mandatario bromeó con Luis Lacalle Pou al recibir el martillo del Mercosur y reiteró su apoyo a un mercado común regional.

El mandatario argentino, Javier Milei, asumió la presidencia Pro Tempore del Mercosur con un mensaje enfocado en el libre comercio y la flexibilización del bloque regional, en la cual dejó en claro su postura crítica hacia el funcionamiento actual. Lo hizo con una broma, después de recibir el martillo protocolar de manos del presidente saliente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. “Todo lo que sea para romper, me encanta”, expresó el mandatario libertario.

Durante su discurso en la apertura de la LXV Cumbre del Mercosur, Milei insistió en la necesidad de adaptar el bloque a las necesidades de sus países miembros y propuso que el Mercosur debe ser flexible y no tener normas inalterables. “Este instrumento no puede tener reglas estáticas; si sus normas son dañinas, deben ser cambiables según lo que necesiten los países que lo conforman”, expresó.

Además, el presidente descartó la posibilidad de romper con el bloque regional y planteó dos alternativas: “O el Mercosur funciona y lo mantenemos, o lo adaptamos para que sea útil para todos sus miembros”. En este sentido, afirmó que el Mercosur debería ser un espacio de beneficios mutuos y no un corsé económico.

Milei también criticó el impacto de políticas económicas previas, al decir que la Argentina fue “destrozada por el chamanismo económico”. Propuso un comercio más activo y urgente con Paraguay, Brasil y otros mercados internacionales, subrayando que el Mercosur representa apenas el 1,6% del comercio mundial y que no puede ser la única referencia para el crecimiento económico del país.

Entre sus propuestas, el mandatario mencionó revisar el arancel externo común, ajustándolo a estándares internacionales para competir más eficazmente en mercados globales. También propuso crear una agencia regional para combatir el narcoterrorismo en la Triple Frontera, con un equipo coordinado y ágil entre todos los países miembros.

“Buscaremos menos trabas para el comercio interno, más libertad para el comercio internacional y mayor cooperación para combatir el narcotráfico. Eso es lo que necesitamos para crecer y ser más fuertes”, resumió.

Finalmente, Milei felicitó al presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, y cerró su discurso con un llamado a la libertad y la innovación, invitando a todos los países a “salir del determinismo y hacer historia grande una vez más”.

Fue luego de aceptar un recurso extraordinario, motivo por el que dejaron sin efecto a la sentencia del Tribunal Superior de su provincia.

En un fallo con decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por la procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, y anuló la sentencia del Superior Tribunal de Justicia provincial que había ratificado su destitución. En una sentencia de 32 páginas, a la que tuvo acceso LA GACETA, la Corte, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, determinó la nulidad de lo actuado desde la conformación inicial del jurado que llevó adelante el juicio político, señalando que hubo graves irregularidades que afectaron las garantías del debido proceso y el derecho de defensa de la fiscal, quien meses antes había acusado al ex gobernador Sergio Urribarri por corrupción, por lo que finalmente fue condenado a ocho años de prisión.

“Estos vicios afectaron seriamente las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio y, por tanto, eran suficientes para acarrear la nulidad del juicio político seguido en su contra”, dijeron los jueces del Máximo Tribunal. 

Afirmaron que la Corte entrerriana omitió tratar cuestionamientos relacionados con la ausencia de imparcialidad del Jurado de Enjuiciamiento. Entre ellos, los vinculados a la participación de dos integrantes del jurado que previamente habían intervenido en su carácter de vocales del Superior Tribunal en la causa penal que diera origen al juicio político. 

Además, consideró que el órgano acusador no estaba debidamente conformado, por haber sido desplazados todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal y haberse designado un fiscal ad hoc de la lista de conjueces del Superior Tribunal de la provincia.

La acusación contra Goyeneche comenzó a fines de 2021, cuando fue señalada por “mal desempeño de sus funciones”. En mayo de 2022 fue destituida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos, acusada de “conductas incompatibles con el ejercicio del cargo”. A partir de esto, la ex fiscal anticorrupción recurrió tanto al Jury como al Superior Tribunal, negó las acusaciones y exigió “un proceso justo que respete sus garantías a la defensa en juicio”. 

Tras el rechazo a su apelación en la justicia provincial, la funcionaria recurrió a la Corte Suprema, entidad que finalmente revocó la sentencia. “Resulta, por lo demás, llamativo, el celo que exhibe el superior tribunal por intentar asegurar la imparcialidad del órgano acusador -que, en su visión, se encontraba afectada en beneficio de la magistrada enjuiciada, a pesar de lo dispuesto por la normativa aplicable que aventaba ese riesgo-; celo que contrasta claramente con el modo completamente dogmático y desentendido de los principios constitucionales en el que abordó los planteos que, en orden a la imparcialidad tanto del órgano acusador como del juzgador, había formulado sobre bases serias la recurrente. Esta asimetría en el tratamiento de las cuestiones vinculadas a la imparcialidad con que deben ser conducidos este tipo de procedimientos resulta, naturalmente, inadmisible y es una muestra más de los graves defectos que descalifican lo decidido”, afirmó la Corte Suprema.

Goyeneche era la Procuradora Adjunta de Entre Ríos e intervino en varias causas de relevancia política como los “Contratos de la Legislatura” provincial, en el que se había revelado un entramado para tomar del Estado vía contratos de locación ingentes recursos públicos todos los meses durante años y que implicó sumas millonarias. El eje de la acusación contra Goyeneche apuntó a la relación que ella y su esposo, el contador Sebastián Orlando Bertozzi, tenían con Pedro Opromolla, uno de los principales imputados en la causa. Justamente sobre esa base, la Corte declaró la nulidad de lo actuado desde la conformación inicial del órgano juzgador y aclaró que ello no implicaba abrir juicio sobre los hechos que motivaron el inicio del juicio político contra la fiscal.

En su currículum, la ahora restituida funcionaria formó parte además de los fiscales que investigaron al exgobernador Urribarri, condenado más tarde a ocho años de prisión.

 Tras conocer la noticia, Goyeneche habló con Cadena 3. «Estoy totalmente sorprendida por la noticia. Creo que es un acto de justicia, un acto muy necesario», dijo y aseguró que su destitución había sido «acto mafioso de mensaje hacia otros funcionarios judiciales”.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 7. Habrá más de 600 testigos.

Cristina Fernández de Kirchner, sus ex funcionarios y decenas de empresarios afrontarán un juicio oral a partir del 6 de noviembre de 2025. Para el debate, el Tribunal Oral Federal 7 citó 626 testigos.

Los jueces Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli resolvieron que el debate se realizará todos los jueves vía zoom. “A una audiencia por semana, con tantos testigos, mínimo va a tardar tres años”, dijo al portal Infobae uno de los abogados que actúa en la causa.

La primera testigo de la extensa lista de 626 citados será Hilda Horovitz, la ex esposa de Centeno que promete revelar secretos en el debate oral. La segunda será Miriam Quiroga, la ex secretaria de Néstor Kirchner que en instrucción aseguró que el ex jefe de Estado llevaba la cuenta de las coimas en su propio cuaderno espiralado. El tercer testigo clave para la fiscalía y las defensas es Jorge Bacigalupo, el amigo de Centeno que entregó los cuadernos al periodista de La Nación Diego Cabot, también citado al inicio del debate.

En la lista hay empresarios y políticos, además de testigos de procedimientos o peritos. Hay, no obstante, otra lista de casi 700 personas cuya declaración fue pedida por las partes y que están a disposición de lo que surja del debate oral. Entre ellos están, por ejemplo, los senadores Oscar Parrilli y Eduardo Wado De Pedro, el diputado Máximo Kirchner, el funcionario bonaerense Andrés Larroque o el hoy intendente de Lanús Julián Alvarez. Varios de ellos habían sido citados a declarar en la causa judicial por Bonadio, pero después el magistrado entendió que el financiamiento de La Cámpora debía pasar a la justicia electoral.

Las alertas de los abogados defensores se habían prendido hace algunas semanas, consignó Infobae. La Cámara de Casación Penal ya había urgido hacer el debate y venía rechazando planteos de las defensas. Entre los últimos estuvo el “devolver” al empresario Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y acusado del pago de coimas, al expediente que nació con las anotaciones de Cuadernos. Inicialmente los jueces de Casación habían dispuesto que su caso pasara a ser evaluado por la justicia electoral, lo que generó un revuelo incluso en el propio tribunal oral que tiene el caso. Tras un planteo de la fiscalía y de la querella de la UIF, brazo del Gobierno Nacional en la causa, dos de los jueces dieron marcha atrás con su decisión y volvieron a incluirlo en la carrera del debate oral. Con el también cayó el pedido de otros empresarios que ensayaban la misma suerte. “Será el debate oral en donde podrá evaluarse la cuestión”, dijeron los camaristas.

Pero además esta semana el tribunal designó a los peritos oficiales que analizarán si los cuadernos que obran en la causa los escribió el propio Centeno. Vale recordar: en la causa inicialmente hubo copias de esas anotaciones. Pero cuando ya estaba por llegar a la presidencia Alberto Fernández, secundado por Cristina Kirchner como vicepresidenta, seis de esos ocho libretas claves fueron entregados al miso periodista que había revelado la trama de los llamados “cuadernos de la corrupción”.

Oscar Centeno, el otro remisero de Roberto Barata, mano derecha de Julio De Vido, fue detenido un 31 de julio de 2018. Era el señalado de haber escrito ocho cuadernos de viajes en donde se visitaba a empresarios que tenían negocios con el Gobierno para que pagaran coimas. Centeno temió por esos cuadernos y los dejó al cuidado de un amigo, un ex policía llamado Jorge Bacigalupo quien, sin avisarle, se los hizo llegar al periodista de La Nación Diego Cabot. Con la detención de un grupo de ex funcionarios y empresario, irrumpió en la escena pública la llamada causa, que se fue engordando al compás de que los acusados fueran firmando acuerdos como “arrepentidos” para no caer presos o poder salir de prisión.

Los cuadernos relataban viajes, en distintos períodos, en donde Baratta se encontraba con empresarios que solían hacer negocios con el Gobierno y le entregaban dinero. “Hoy 6 de mayo de 2013 vuelvo a escribir después de la muerte de Néstor C. Kirchner que dejé de hacerlo. Pensé que después del fallecimiento no se haría más el ‘valijeo’. Pero sí disminuyó la frecuencia con la diferencia que se recolectaba el dinero para el ministro De Vido y el propio Baratta. No quise anotar más por temor que me descubran y quede sin trabajo. Pero decidí nuevamente (hacerlo) porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sra Presidenta Cristina F de Kirchner, en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”, dice el cuaderno número 7.

La investigación por el capítulo Centeno es el eje de esta causa, aunque a esta investigación se le fueron sumando otras que ya existían y se anexaron a este mega expediente, y algunas que se abrieron a raíz de las declaraciones de los arrepentidos. Ahí se mezclan los casos de Gas Licuado o la causa por subsidios a trenes (en donde también CFK está procesada), junto a las sospechas por las coimas en los corredores viales o por la cartelización de la obra pública. La investigación por el lavado de dinero que llevó adelante el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz (y en el que más dinero se pudo recuperar), aún está en proceso y de hecho hay algunas ramificaciones pequeñas que quedaron en instrucción y faltan ser elevadas.

Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre los empresarios que hacían negocios con el Estado. También sus funcionarios y los empresarios. Bonadio y Stornelli concentró un ramillete de causas, algunas que ya existían, otras que se abrieron con las declaraciones de los arrepentidos, que sumó más de un centenar e imputados. La Cámara Federal confirmó algunos procesamientos, otros no. “Estamos frente a una asociación ilícita que fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Kirchner”, escribió el juez Bonadio. “No se trata de una ‘persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial. Como epílogo de este apartado, con el cual se clausura la instrucción de este grupo de causas conexas, identificadas como ‘Los Cuadernos de las Coimas’, se estima ilustrativo recordar la anotación de de Oscar Bernardo Centeno, de fecha 7 de septiembre de 2015: ‘…La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias…’, escribió el juez en diciembre de 2019 al mandar la causa a juicio.

Solo en la causa 9.608/2018 (Centeno) hay 45 personas acusadas por delitos como “asociación ilícita”, “cohecho pasivo”, “cohecho activo”, “admisión de dádivas”, y “encubrimiento”. Los principales acusados en la causa son Cristina Kirchner, Julio de Vido, Roberto Baratta y José López, el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción), Enrique Pescarmona y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.