El ex mandatario rechazó haber favorecido a intermediarios y sostuvo que su decreto buscó eliminar la cartelización en el sector. Lo citó el juez Sebastián Casanello y debe definir si lo procesa.
Alberto Fernández regresó este viernes al mediodía a los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la causa que investiga presuntas irregularidades millonarias en contrataciones de seguros durante su gobierno. La investigación, que involucra operaciones por más de 3.000 millones de pesos, analiza si existió un esquema de direccionamiento de pólizas a favor de Nación Seguros SA y brokers allegados al ex mandatario.
La causa gira en torno al decreto 823/2021, que obligó a todos los organismos públicos a contratar exclusivamente con Nación Seguros SA. Según la imputación, esa medida habría facilitado la intervención de 25 brokers privados, entre los que se encuentra Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández, quien obtuvo el 42% de los contratos bajo sospecha.
Fernández, imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles, volvió a rechazar cualquier vinculación con la maniobra. Declaró ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo, luego de que la Sala II de la Cámara Federal le reclamara al magistrado resolver con celeridad la situación procesal de todos los involucrados.
En esta nueva audiencia, a diferencia de su primera indagatoria ante el juez Julián Ercolini, Fernández no solo presentó un escrito, sino que aceptó responder preguntas. Además, solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas declaraciones testimoniales de ex funcionarios clave de su gestión, como Vilma Ibarra, ex secretaria Legal y Técnica, y Martín Guzmán, ex ministro de Economía.
La defensa del decreto
El ex presidente defendió el cuestionado decreto y sostuvo que su decisión respondió a “una política de Estado” orientada a evitar la cartelización del mercado de seguros. Afirmó que antes de la medida, los organismos públicos contrataban con empresas privadas en procesos que, según describió, simulaban competencia pero estaban “cartelizados”, generando negocios “espurios”.
Fernández argumentó que el decreto buscó fortalecer a la aseguradora estatal y evitar la salida de divisas mediante reaseguros en el exterior. “Pensamos que la mejor forma de optimizar los recursos públicos era direccionar los seguros hacia Nación Seguros, una empresa que además alimenta los fondos del Banco Nación para fortalecer el crédito”, sostuvo.
Relación con Martínez Sosa
Respecto de Martínez Sosa, Fernández volvió a reconocer la relación personal, pero negó cualquier gestión a su favor. “Nunca pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o que lo tomaran como asesor”, declaró. Señaló que durante sus cuatro años de mandato habló con él en contadas ocasiones y exclusivamente de cuestiones sociales, no de negocios.
Sin embargo, la investigación sostiene que, mediante la imposición de la contratación exclusiva con Nación Seguros, se generó un circuito que benefició a intermediarios privados que cobraron comisiones millonarias, entre ellos Martínez Sosa. Entre 2019 y 2024, se habrían pagado más de 3.300 millones de pesos en comisiones a los brokers involucrados.
