Productores y emprendedores de la provincia denuncian que la industria del cannabis se encuentra en terapia intensiva mientras cientos de miles de usuarios medicinales en todo el país no consiguen ser habilitados. De la batalla cultural a la estatal. Por Exequiel Svetliza.
Ayer sueño, hoy pesadilla. La industria del cannabis, que se vislumbraba como un importante polo productivo y un posible motor para el desarrollo de la economía tucumana, hoy atraviesa horas críticas debido a que la inacción del gobierno nacional en la materia amenaza con arrasar inversiones millonarias en la provincia. Desde el sector, aseguran que la industria se encuentra en terapia intensiva mientras cientos de miles de usuarios medicinales en todo el país no consiguen inscribirse o renovar sus permisos para el cultivo de la planta milenaria. Para los referentes de la comunidad cannábica tucumana la batalla cultural está ganada y es muy difícil retroceder a los tiempos de estigmatización de la marihuana. Sin embargo, se abren múltiples interrogantes acerca del futuro del cannabis en la era de Javier Milei.
Desde comienzos de la gestión de Milei en el Ejecutivo, el gobierno libertario había anunciado la revisión del Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann) que funciona desde marzo de 2021 y que tiene alrededor de 300.000 usuarios registrados en todo el país. El registro es el que posibilita el acceso al autocultivo de la planta de cannabis para los pacientes medicinales. Desde entonces, la mayoría de las nuevas solicitudes de registro en el programa como las renovaciones llevan meses –en algunos casos más de un año- pendientes de resolución; una situación que deja en un limbo legal a los cultivadores medicinales.
Finalmente, cuatro meses después de que el vocero presidencial Manuel Adorni lo anunciara en una de sus conferencias de prensa, en agosto pasado el gobierno dio a conocer la resolución 3132/2024 con las modificaciones en el Reprocann. Aunque en un principio se especulaba con restricciones respecto a las patologías contempladas para los tratamientos con cannabis, no hubo cambios en este sentido. Tampoco se modificó la vigencia de los permisos (tres años) ni la cantidad de plantas que permite cultivar (nueve en estado en floración para cultivos en interior y exterior). Las revisiones más sustanciales recayeron sobre las organizaciones civiles que cultivan marihuana para terceros y los profesionales de la salud que indican el uso de la planta, a quienes ahora se les exige contar con una maestría o diplomatura en cannabis para prescribir el tratamiento. Sin embargo, todavía las solicitudes continúan paralizadas y se estima que son alrededor de 150.000 los trámites pendientes. Se trata de miles de pacientes que ven impedido su acceso al tratamiento por la inacción estatal.
“El Reprocann anda mal para todos. La situación actual es bastante hostil, básicamente, porque el sistema está muy lento para realizar las actualizaciones. A principio de año el sistema empezó a andar mal y ahora se terminó paralizando del todo. Tenemos casos de noviembre del año pasado que todavía están en revisión… Es una lotería, hay casos que se han judicializado a través de amparos y jueces que han fallado a favor del paciente pidiéndole al ministerio de Salud que se expida”, comenta el tucumano Felipe Herrera Locascio, presidente de la Fundación Yungannabis; la primera fundación en todo el país en ser habilitada para la investigación y desarrollo de productos cannábicos. El mes pasado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que incluya de manera urgente a una joven de 22 años en el Reprocann para que pueda usar y cultivar la planta sin riesgos penales y tratar, de esa manera, sus problemas de estrés crónicos.
Para Felipe, la situación es preocupante porque supone una restricción del derecho de acceso a la salud para los pacientes que se valen del cannabis con fines terapéuticos: “Ahora a los médicos que indican el tratamiento con cannabis les piden una diplomatura o maestría en cannabis medicinal con la particularidad de que para ningún otro fármaco piden esto, ni para recetar corticoides o ansiolíticos piden una formación extra de los médicos, siendo que, desde que existe el cannabis, no hubo nadie que haya muerto por su consumo. Están restringiendo el acceso a la salud y es bastante absurdo, más viniendo del Ministerio de Salud. Toda la comunidad cannábica está enojada porque algunos médicos y usuarios se pueden vincular al sistema y otros no. No sabemos si es una cuestión política o una falla del sistema, pero desde el gobierno nacional no hay una mirada proactiva para solucionarlo”.
“Nosotros a los pacientes de la fundación tratamos de recomendarles que sigan todos los pasos legales: primero que soliciten el pronto despacho y después, lo que sigue es la presentación de un amparo, pero no todos tienen plata para un abogado. Es absurdo tener que demandar al Estado por algo que actualmente la ley te permite, pero que al Estado parece que no le cae bien”, remarca Herrera Locascio.
Como forma de respuesta a la política del gobierno nacional en la materia, el mes pasado la provincia de Buenos Aires presentó su Programa Provincial de Cannabis Terapéutico para facilitar el acceso al tratamiento con cannabis ante la paralización del Reprocann. Además, este programa provincial cuenta con una serie de capacitaciones para el personal de Salud. En septiembre pasado, la Legislatura de Chubut había aprobado por unanimidad su propio registro provincial para garantizar el acceso al cannabis medicinal, su autocultivo y transporte.
¿Tucumán podría emular a las otras provincias y crear su propia legislación en materia de cannabis? Para el titular de Yungannabis el contexto local no parece demasiado alentador en se sentido: “Han surgido varias improntas provinciales para no depender de la Nación, pero eso es algo que depende mucho de la mirada política de cada provincia. Acá la mirada es distinta porque hay una ley de narcomenudeo que no es muy benévola con los cultivadores medicinales. Nosotros tenemos un proyecto para llevar a la legislatura en este sentido, pero todavía no sé si están preparados acá para eso”.
En Tucumán desde noviembre del 2022, cuando comenzó a aplicarse la ley número 9188 -conocida como ley de narcomenudeo-, se han vuelto recurrentes los casos de allanamientos y detenciones arbitrarias a cultivadores de cannabis. “Hoy ni siquiera estás a salvo en tu domicilio, esto es semejante a lo que pasaba en la dictadura militar. No estás a salvo porque, si se han enterado que tenés plantas, te inventan una causa y te entran a tu domicilio. Ellos ya saben que vos tenés algo, es terrible lo que está pasando. Te diría que actualmente nadie está a salvo en Tucumán, ni siquiera con el Reprocann al día”, comenta el abogado Patricio Char.
“Claramente desde el gobierno nacional han tomado una decisión que es la de abandonar a los usuarios de cannabis porque han dejado en la intemperie todo lo que se ha venido haciendo en la materia desde el gobierno de Mauricio Macri. Uno asumía que un gobierno que se dice libertario no iba avanzar en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero uno ve que no lo es, que es un gobierno que tiene sus prejuicios y asocia el cannabis a esos prejuicios”, reflexiona el letrado respecto a la política del gobierno de Milei en cuanto al cannabis.
Para el abogado, con este tipo de acciones, tanto el gobierno nacional como el provincial demuestran sus falencias a la hora de pensar una política criminal: “Esto va a cambiar recién cuando haya un cambio generacional en la política, esto tiene fecha de caducidad. Ahora vemos como siguen con políticas criminales demagógicas sólo para conseguir votos. Eso es lo que veo que están haciendo, mostrarse duros les reditúa en cierto sector de la sociedad, en vez de preocuparse por una tener una verdadera política de seguridad y de salud. Lamentablemente, en Tucumán la Justicia acompaña estas políticas y la gente está sola. Hay una bajada de línea que hace que acá los jueces defiendan los procedimientos ilegales. Como ciudadano no hay mucho para hacer, vos metés un amparo y tenés que ver qué juez te va a tocar… no existe la división de poderes y menos en la provincia de Tucumán donde cada vez hay más jueces subrogantes”.
Donde más impacta la política libertaria en materia de cannabis y los nuevos cambios introducidos en el registro de usuarios es en las fundaciones y ong vinculadas al uso terapéutico de la planta. La ley autoriza a este tipo de instituciones a cultivar cannabis en nombre de aquellos usuarios registrados que deseen acceder a las flores o derivados del cannabis para llevar adelante sus tratamientos. En el caso de Yungannabis, por la fundación ya han pasado más de 800 pacientes y actualmente son alrededor de 300 los que se encuentran activos. Así explica Felipe el panorama actual: “A las ongs es a las que más nos pegan porque nos piden un montón de cosas que ellos ya tienen porque las presentamos en su momento cuando hicimos el trámite de inscripción de la fundación. Además, ahora te piden antecedentes policiales, informar al municipio de las actividades y otra información de los miembros. Todas las ONG tienen seis meses para poder cumplir con esa normativa. Hoy son 60 las ongs que estamos habilitadas, pero hay 950 más en la Argentina. A esas 1000 ongs el ministerio las daría de baja si no cumplen con los requisitos”.
“Creemos que es muy probable que, a mediados de febrero, cuando se venza el plazo de la resolución, es posible que el ministerio de seguridad se ponga más duro y apunte contra esas ongs que están registradas. Por eso hoy toda la comunidad vinculada al cannabis en Argentina está convulsionada; toda esta situación agrega un nivel de stress y de hostilidad que no tiene razón de ser”, destaca Felipe.
“Actualmente, no podemos vincular a las personas con discapacidad y que necesitan tratamiento con cannabis al Reprocann y eso nos está trayendo un estigma en la esfera pública. Hay muchas dificultades que, en algunos aspectos, te hacen quedar en la ilegalidad. Hoy a los emprendedores y a las ongs no nos están regulando ni controlando nada. Entonces empiezan con los allanamientos y hablan de narcomenudeo, pero son ellos mismos los que te quieren llevar a la ilegalidad. Desde el cambio de gobierno nacional está todo frenado y no se sabe nada respecto a lo que está pasando”, denuncia, por su parte, Mauricio Abate, productor tucumano de semillas de cannabis medicinal con su empresa Cepas Medicinales Tucumán y presidente de la Asociación Civil Qhalichay.
Una industria en terapia intensiva
Tras décadas de discursos oscurantistas y políticas de criminalización de la planta, en agosto del año pasado, con la reglamentación de la ley 27.669, la industria del cannabis medicinal y del cáñamo contaba por primera vez con un marco normativo en la Argentina y Tucumán se proyectaba como una tierra de oportunidades para esta incipiente industria. Con el cambio de gobierno y la asunción de Javier Milei como presidente, todo parece incertidumbre en el sector que ve como esos sueños de prosperidad se diluyen como una voluta de humo en el viento.
Entre las disposiciones del gobierno libertario que ponen en jaque al desarrollo industrial del cannabis se puede mencionar que el Instituto Nacional de Semillas (Inase) suspendió la inscripción de variedades de genéticas con contenido alto de THC desde hace más de ocho meses, poniendo en riesgo el trabajo de los fitomejoradores locales. Además, se intervino por decreto la Agencia Regulatoria de la Industria del Cannabis y Cáñamo (Ariccame), creada por la Ley 27.669. El actual interventor del organismo, Ignacio Ferrari, dispuso la prioridad del cáñamo industrial por sobre el cannabis medicinal, poniendo en riesgo inversiones millonarias tanto en Tucumán como en el resto del país.
Según explica Felipe Herrera Locascio, desde hace años que emprendedores y empresarios han decidido apostar por el cultivo de cannabis en nuestra provincia. En algunos casos, se trata de inversiones de varios millones de dólares en fincas, invernaderos y laboratorios destinados a desarrollar una industria incipiente que, al contar desde el año pasado con un marco normativo, esperaban que este año despunte. Sin embargo, el cambio en las reglas de juego les impide a estos emprendimientos superar la fase de investigación para comenzar a comercializar y exportar diversos productos cannábicos. Hoy el panorama pasó de un entusiasmo prometedor a la incertidumbre y desolación.
“La realidad es que todos los emprendimientos están actualmente en terapia intensiva. Había 56 proyectos que contaban con aprobación del Ministerio de Salud, del INASE (Instituto Nacional de Semillas) y del Conicet y hoy tres cuartos de las empresas están paralizadas. De estas 56 empresas, la mayoría estaban habilitadas para el cannabis de uso farmacéutico, no para el cáñamo, y ahora se quedarían afuera de las habilitaciones. Deben quedar sólo diez que todavía están activas”, comenta el titular de Yungannabis.
“Las empresas están muy complicadas y al borde de fundirse porque han empezado a investigar hace tres o cuatro años con la expectativa de que les den una licencia y no se sabe lo que va a pasar con eso. Hay muchos que se han juntado entre varios emprendedores para invertir en el sector, es gente laburante, no es que ha venido una empresa gigante como Monsanto. Lo que no entendemos bien es que todo esto se da en el contexto de un gobierno que ganó las elecciones hablando de la libertad y la libertad de comercio. Acá estamos hablamos de la salud, por eso no entendemos bien hasta donde llega el discurso de la libertad, no entendemos cuál es la lógica. Veo muy difícil que sea una cuestión burocrática solamente, es una cuestión de voluntad política”, explica Felipe la situación del sector en Tucumán.
“Tanto en el sector de agricultura como de la industria del cannabis hay muchas dificultades en lo que hace al control de la producción, la comercialización y la exportación porque la Ariccame no está implementando ninguna de las normas que había impuesto en su momento. Actualmente, está todo desregulado y tampoco tenemos apoyo de los gobiernos provinciales. Tampoco nos están dando la posibilidad de inscribir las semillas, todo eso está frenando a la industria que es una industria que estaba lista para arrancar”, comenta Mauricio Abate.
Según adelanta Mauricio, un grupo de emprendedores y empresarios vinculados a la industria del cannabis están trabajando en la creación de una cámara provincial para acercar estas demandas del sector al gobierno tucumano. A nivel nacional, hace poco se ha credo la Cámara de la Industria del Cáñamo y Cannabis (Caincca) desde donde han presentado amparos colectivos. Se trata de un organismo que buscará incidir en las políticas estatales en materia de cannabis a los fines de que esta industria no muera durante su largo y doloroso parto.
De la batalla cultural a la batalla estatal
A la hora de buscar las razones que expliquen la actitud del actual gobierno respecto a la política estatal del cannabis surgen distintas hipótesis. Una de ellas apunta contra el lobby de las farmacéuticas, las principales perjudicadas ante el avance de una medicina que los usuarios pueden cultivar en los patios de sus casas. Vale mencionar que las empresas farmacéuticas han sido unas de las grandes ganadoras con el modelo libertario de desregulación de los mercados. Hoy en Argentina los remedios son bastantes más caros que en Estados Unidos y algunos países europeos donde los ingresos per cápita son muy superiores a los de nuestro país. Las cifras son elocuentes en este sentido: en el último año cayeron en más de 9 millones las unidades vendidas de medicamentos, pero la facturación de los laboratorios argentinos subió un 332,9%.
Otra de las teorías al respecto tiene que ver con la política criminal implementada por la ministra Patricia Bullrich que, de la misma manera que la ley tucumana de narcomenudeo, busca mostrarse firme en la lucha contra el narcotráfico avanzando contra los cultivadores de cannabis medicinal. Al allanar los cultivos de personas registradas en el Reprocann y detener a los cultivadores, las fuerzas de seguridad lo que hacen es salir a cazar al zoológico y mostrar como resultados positivos de esa política lo que, en realidad, son allanamientos y detenciones arbitrarias. Este modus operandi, sumado al actual desamparo legal de los usuarios de cannabis por la paralización del registro, implicaría un regreso velado del antiguo paradigma de criminalización de la planta.
Lo que Felipe tiene en claro es que el gobierno nacional no puede aducir cuestiones económicas y achacarle esta política a la acción de la motosierra sobre el gasto estatal: “Estamos hablando de salud y la del Reprocann no es un área que insuma demasiados recursos. Estamos hablando de una oficina donde no trabajan más de diez personas. Nosotros no estamos diciendo que destinen más recursos al área, sino que agilicen los que ya tiene. Además, cada amparo que tiene que contestar le cuesta al Estado alrededor de un millón de pesos en abogados y ahora les están llegando unos 200 amparos por día por este tema, es decir, 200 millones por día. En este caso, ser restrictivo te insume más recursos. Es absurdo como política de Estado”.
En los últimos tiempos, la marihuana ha logrado vencer décadas de demonización en el país. Los avances en materia de legislación han sido una conquista de largos años de militancia y activismo cannábico y sus esfuerzos por visibilizar los beneficios terapéuticos de la planta. En el contexto actual de incertidumbre respecto a la política estatal en materia de cannabis se abre el interrogante acerca de si es posible un regreso a esos tiempos signados por el oscurantismo y la criminalización de la planta.
“No hay ninguna posibilidad de que haya un cambio de paradigma. Las nuevas generaciones han aceptado y naturalizado el uso del cannabis. En ese sentido, no hay forma de que esto vuelva atrás porque ya está comprobado científicamente que nos han mentido cuando decían que la marihuana era nociva y estaba relacionada con el crimen. A la planta se la criminalizado porque el cannabis compite con la industria farmacéutica, los ansiolíticos pierden como en la guerra con el cannabis… esto ya ha pasado, no sería algo novedoso, pero es irreversible porque la sociedad ya ha avanzado mucho en ese sentido”, comenta el abogado Patricio Char.
Para Felipe el cannabis ya ha ganado la batalla cultural, pero ahora la disputa se dirime en otro terreno: “A nivel cultural creo que los pueblos son sabios y hay batallas que ya están dadas y ganadas hace mucho tiempo. No se puede tapar el sol con el dedo, no van a poder hacer que la gente vuelva a tener miedo de usar cannabis. Cuando se ha ganado a nivel legislativo, el Estado tiene todas las de perder. Es imposible volver atrás cuando hay evidencia científica y el bienestar que brinda la planta ya ha sido percibido por la sociedad… la batalla no va a ser tanto cultural, sino estatal”.
