Casación rechazó el planteo de Cristina Kirchner y sus hijos por el decomiso de bienes en la causa Vialidad
La decisión alcanza a 111 propiedades y activos vinculados a la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, además de Lázaro Báez y otros condenados. Ahora solo queda la vía directa ante la Corte Suprema.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, contra el decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad.
La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, quienes consideraron “inadmisibles” los planteos de las defensas. El decomiso alcanza un total de 111 bienes y activos valuados actualmente en $684.990.350.139,86.
Entre las propiedades incluidas figuran inmuebles de la expresidenta, de sus hijos y también del empresario Lázaro Báez, condenado en el mismo expediente.
Con este fallo, a Cristina Kirchner solo le queda recurrir mediante una queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar frenar la medida.
En la resolución, a la que accedió y publicó TN, los magistrados sostuvieron que los recursos “no resultan atendibles para sustentar la habilitación del remedio extraordinario pretendido”.
Además, remarcaron que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”.
Los jueces también señalaron que las defensas no lograron demostrar “defectos graves” que invalidaran el fallo previo y sostuvieron que la sentencia recurrida “constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa”.
Desde el inicio del expediente, los abogados de Cristina Kirchner y de sus hijos habían cuestionado el decomiso de distintos bienes al argumentar que muchos de ellos provenían de la herencia de Néstor Kirchner o habían sido cedidos en 2016.
También afirmaron que algunas propiedades fueron adquiridas antes del período investigado y sostuvieron que no existía un vínculo directo entre esos activos y el presunto origen ilícito de los fondos.
