La defensa de la ex mandataria argentina solicitó también recibir visitas sin restricciones.
La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este viernes un recurso extraordinario federal contra la decisión de la Cámara de Casación Penal y solicitó que se deje sin efecto la obligatoriedad del uso de la tobillera electrónica y la restricción de visitas a su domicilio, donde cumple una condena de prisión por la causa Vialidad.
El escrito, firmado por el abogado Carlos Beraldi, busca revertir las condiciones impuestas y también plantea la recusación de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.
Además, la defensa pidió que el recurso sea resuelto por conjueces y solicitó que, previo a su tratamiento, se realice el sorteo correspondiente, con la notificación del día y la hora para “poder presenciar el acto y controlar su legalidad”.
El pasado 11 de julio, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condiciones de la prisión domiciliaria dictadas por el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, luego de una audiencia oral y pública en la que el fiscal desistió de apelar.
En su momento, los abogados de la expresidenta sostuvieron que la prohibición de recibir visitas sin autorización “resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social” de su defendida. Argumentaron que Cristina debe reunirse con frecuencia con profesionales contables, apoderados que gestionan sus asuntos administrativos diarios, peritos designados en otras causas y asesores que la asisten en actividades no prohibidas por su condena.
“Una consideración aparte merece la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”, señalaron en el escrito.
Pese a estos planteos, la Cámara de Casación desestimó los argumentos de la defensa. Determinó que la presencia de custodia policial no reemplaza el control que corresponde al Poder Judicial y que prescindir de herramientas como el monitoreo electrónico o la autorización previa de visitas “implicaría desvirtuar el sentido de la ejecución penal”.
