La Procuración del Tesoro dio respuestas específicas para cada caso.
En una nueva fase del juicio por la expropiación de YPF, el Estado argentino presentó su oposición formal a los pedidos realizados por los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge, quienes solicitaron a la jueza Loretta Preska que continúe la ejecución de la sentencia que obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal.
La respuesta del Estado fue presentada tras los escritos ingresados por los fondos litigantes el pasado lunes 7 de julio. En el caso de Petersen/Eton, su documento incluyó la transcripción traducida de una reciente conferencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Frente a esto, la Procuración del Tesoro presentó respuestas específicas para cada causa. En el caso Petersen/Eton, los abogados del Estado argentino señalaron la “naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” del litigio. Subrayaron que se trata de un fallo sin precedentes por U$S16.100 millones, aún en instancia de apelación y con fundamentos jurídicos complejos. Además, recordaron que incluso el gobierno de Estados Unidos ha expresado discrepancias con la interpretación del tribunal.
Otro de los ejes de la presentación fue el argumento del daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal. Según la defensa, ejecutar el «turnover» forzaría al país a violar su legislación interna y a perder el control estatal de YPF de forma irreversible, consignó el diario «Ámbito».
También se destacó la ausencia de perjuicio para los demandantes y la existencia de un interés público. La defensa sostuvo que no hay daño concreto en suspender la ejecución, ya que la ley local impide vender acciones sin aprobación legislativa. Asimismo, advirtieron que cumplir la orden afectaría a terceros ajenos al juicio, como provincias y bonistas, e incluso podría activar cláusulas perjudiciales para la empresa.
Con relación a Bainbridge, Argentina alertó que una eventual transferencia de acciones violaría la Ley 26.741, que establece el dominio público sobre los recursos hidrocarburíferos. Además, remarcó que no existen antecedentes que respalden la ejecución de activos de un Estado extranjero en Estados Unidos bajo las condiciones dispuestas por la jueza Preska, lo que, a juicio del Estado, refuerza las posibilidades de revertir el fallo.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei continúa trabajando en la apelación de la orden de “turnover” y en un pedido de suspensión ante el Segundo Circuito, en caso de que la magistrada rechace la solicitud argentina.
