El Gobierno denunciará a cinco empresas por la exploración de petróleo en las Malvinas
La presentación penal será realizada ante la Justicia Federal porteña y alcanzará también a directivos y representantes de las compañías. La Casa Rosada sostiene que las firmas operan sin autorización argentina y prepara nuevas medidas contra quienes intervengan en actividades hidrocarburíferas en el área en disputa.
El Gobierno de Javier Milei avanzará con una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, al considerar que realizan actividades sin autorización de la Argentina en la plataforma continental.
La presentación se fundamentará en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes exploren o exploten hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin contar con el aval de las autoridades nacionales.
Según publicó Infobae, la denuncia será presentada ante la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Las empresas alcanzadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
De acuerdo con el texto oficial, tres de esas compañías, Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc., habrían recibido permisos del Reino Unido para realizar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área del proyecto conocido como Sea Lion.
Para la Casa Rosada, esas autorizaciones constituyen una vulneración de la legislación argentina sobre los recursos naturales ubicados en torno a las Islas Malvinas.
La denuncia no se limitará a las sociedades. El Gobierno anticipó que también incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan intervenido en los hechos que serán investigados.
La disputa por los recursos
La Oficina del Presidente sostuvo que la medida tiene como objetivo “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El Gobierno también afirmó que continuará adoptando las medidas que considere necesarias frente a eventuales actividades que puedan afectar los derechos soberanos argentinos sobre esos territorios y sus recursos.
La decisión se produce después de que el viernes pasado la administración libertaria anunciara que la Cancillería abriría procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas. Entre ellas se encuentran las empresas que ahora serán denunciadas penalmente.
Esos procedimientos apuntan a presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y forman parte de la estrategia oficial para intentar frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones que el Gobierno considera ilegítimas en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.
La administración nacional señaló que el procedimiento alcanzará “no sólo” a las empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sino también a sus accionistas y a compañías que les hayan prestado servicios.
En ese marco, la dependencia oficial sostuvo: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”.
La decisión se apoya en la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe las actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización de la autoridad argentina competente. El Gobierno indicó que investigará cada caso y aplicará las sanciones correspondientes si se comprueba el incumplimiento.
