La acción judicial, impulsada el 11 de junio, sostiene que Boudou percibía el beneficio pese a hallarse “penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”.
El Ministerio de Capital Humano, junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), presentó una demanda contra el exvicepresidente Amado Boudou por irregularidades en su jubilación de privilegio. Reclaman un monto de $236.066.031,25, actualizado desde su otorgamiento, considerando que el beneficio fue cancelado tras su condena por corrupción.
El reclamo
La acción judicial, impulsada el 11 de junio, sostiene que Boudou percibía el beneficio pese a hallarse “penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”. Por ello, la ANSES declaró la revocatoria de su asignación mensual vitalicia.
Antecedentes procesales
En noviembre de 2020, el fallo de la Corte Suprema dejó firme la condena por el “caso Ciccone” contra Boudou, ratificando la condena inicial de cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación perpetua.
Un mes después, ANSES, por resolución 1103/2024, le retiró la jubilación de privilegio.
En enero de 2025, la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, confirmó que la revocación es retroactiva al momento en que el fallo quedó firme, habilitando el reclamo de montos devengados desde entonces.
En febrero, tanto Capital Humano como ANSES rechazaron los recursos interpuestos por Boudou, y establecieron el inicio de acciones para recuperar lo cobrado indebidamente.
Alcance del monto exigido
El monto reclamado supera ampliamente los ingresos que percibía por mes —alrededor de $8 a $10 millones brutos—, lo que correspondería a varios años de beneficio.
El Gobierno sostiene que recuperar este dinero no solo repararía el erario público, sino que también funcionaría como un “mensaje ejemplarizante” frente a la corrupción.
Contexto político
Este reclamo se inscribe en una política más amplia que impulsó el gobierno de Milei de revocar las jubilaciones de privilegio a exfuncionarios condenados, como en el caso de Cristina Kirchner. Dichas medidas buscan reforzar la legitimidad institucional en un año de fuerte polarización política.
