Petersen y Eton Park presentarán un escrito para solicitar formalmente que el país sea declarado en desacato.
Avanza el juicio por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Nueva York, Estados Unidos. Este jueves, los beneficiarios del fallo presentarán un escrito ante la jueza Loretta Preska para solicitar formalmente que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones.
Los demandantes -los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital- sostendrán que la Argentina incumplió una orden judicial vinculada al proceso de discovery, que exige la entrega de correos electrónicos y comunicaciones por servicios de mensajería, como WhatsApp, de funcionarios y ex funcionarios.
Según esa postura, las demoras y la falta de entrega completa del material requerido justificarían la aplicación de sanciones. La defensa argentina, en tanto, tiene previsto responder el próximo 19 de febrero con su propio escrito.
El conflicto se centra en una orden de Preska que obliga al país a producir comunicaciones digitales de determinados funcionarios, tanto de la actual gestión como de períodos anteriores. De acuerdo con información oficial, la mayoría de los involucrados ya cumplió con el requerimiento, aunque al 12 de enero aún restaban seis funcionarios que no habían entregado ese material, explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, quien sigue de cerca los litigios contra la Argentina en tribunales del exterior.
Para los demandantes, ese punto resulta clave para sostener que existe un incumplimiento de la orden judicial. El Gobierno, en cambio, argumenta que se trata de comunicaciones de carácter personal, protegidas por la Constitución.
Desde la Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa argentina, rechazaron de plano la acusación de desacato. “La República Argentina está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes”, afirmaron fuentes oficiales, y remarcaron que ninguna declaración de ese tipo puede tener efectos hasta que el país ejerza plenamente su derecho a defensa y la jueza analice el fondo de la cuestión. En ese marco, recordaron que la orden que obliga a revisar dispositivos y cuentas personales ya fue apelada ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York.
Esa apelación es considerada central por el Gobierno. En octubre, la Argentina recurrió la decisión de Preska que exige la entrega de comunicaciones personales, al sostener que resulta ilegítima tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense.
