El exsenador fue destituido de su cargo tras ser detenido por intentar cruzar la frontera con 200 mil dólares en efectivo y trató de justificar su denuncia por enriquecimiento ilícito
CASTIGO. Kueider cumple prisión preventiva domiciliaria, junto a su secretaria, en la ciudad de Asunción.
El exsenador Edgardo Kueider rompió el silencio y brindó una entrevista este miércoles desde Paraguay, donde se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras haber sido detenido cruzando la frontera con más de 200 mil dólares en efectivo sin declarar.
Si bien evitó hablar sobre cuestiones vinculadas a la causa que enfrenta en Asunción por recomendación de sus abogados, Kueider señaló que las denuncias que está atravesando en Argentina «casualmente surgieron a partir de mi voto a favor de la Ley Bases, en junio del año pasado».
Con ese argumento político intentó justificar la denuncia por enriquecimiento ilícito que investiga la jueza federal de San Isidrio Sandra Arroyo Salgado quien, la semana pasada, procesó a 7 miembros de su entorno como testaferros o cómplices de lavado de dinero, entre otros delitos.
«A partir de ahí empezaron a aparecer denuncias judiciales y en los medios», indicó en diálogo con Radio Mitre y denunció que en aquel entonces, cuando el proyecto se estaba tratando en el Congreso, «estábamos a pocos meses de haber asumido un gobierno democrático y había una intención clara por parte del kirchnerismo de hacerlo caer».
En ese sentido, marcó que «con el voto negativo de la ley Bases se producía un debilitamiento del Gobierno, que era lo que quería el kirchnerismo. Yo tenía la convicción de que eso no podía ser. Mi voto a la ley Bases no podía obstaculizar que siguiera gobernando un gobierno democrático».
«De ninguna manera cuenten conmigo para bajar un gobierno democrático», subrayó. Y destacó además que el triunfo del proyecto de ley oficialista «era una oportunidad de renovación política porque se iba a debilitar al kirchnerismo».
Finalmente, afirmó que el kirchnerismo “impulsó la versión de las coimas” para desacreditar su postura. “Me condenan porque impedí que se vote en contra esa ley y no me lo perdonan”, aseguró. Mientras tanto, en Argentina, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado investiga a siete miembros de su entorno por lavado de dinero y los considera testaferros en una presunta red de corrupción.
