Como lo hizo desde su cuenta personal de X, el organismo entendió que no violó la ley de Ética Pública.
El presidente Javier Milei no incurrió en el delito previsto en la ley Ética de la Función Pública al difundir el proyecto “Viva la Libertad Project” y su criptoactivo asociado $LIBRA desde su cuenta personal en la red social X (ex Twitter) el 14 de febrero de 2025. Así lo consideró la Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Ministerio de Justicia.
Su titular, Alejandro Melik, firmó la resolución que se emitió tras una investigación administrativa que analizó la conducta del mandatario y de otros funcionarios en relación con la promoción pública de este proyecto, que generó repercusiones económicas y judiciales.
La resolución, con fecha del jueves 5 de junio pasado, se centra en determinar si la publicación de Milei constituyó un acto oficial o una actividad privada, y si implicó el uso de recursos públicos o la promoción indebida de intereses particulares. El análisis se realizó en el marco de una investigación paralela en la Justicia Federal, donde la causa principal tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, con intervención de la Fiscalía Federal N° 3 a cargo del fiscal Eduardo Taiano, consignó Infobae.
El texto indica que “dado que no se ha detectado la existencia de un procedimiento, acto o contrato estatal respecto del referido proyecto y/o el criptoactivo $LIBRA, cabe descartar la hipótesis de omisión de un deber de abstención del señor Presidente de la Nación al respecto” y destaca que “dicho posteo, no conectado con actos administrativos, sin asignación de recursos públicos, ni acompañamiento institucional, debe interpretarse como un acto de comunicación individual o privada que no ha generado un direccionamiento oficial de políticas públicas de ninguna naturaleza”.
Cómo empezó todo
El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta personal de X un mensaje celebrando el lanzamiento de un proyecto privado que, según el posteo, buscaba “fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos” mediante el uso de la criptomoneda $LIBRA. El mensaje incluía enlaces al sitio web del proyecto y a la dirección del token en la plataforma Solana. Tras la publicación, la cotización del criptoactivo experimentó una suba abrupta y posterior caída, lo que generó sospechas de maniobras especulativas y motivó denuncias de presunta estafa.
La repercusión mediática y la presentación de denuncias judiciales, entre ellas la realizada por el ex diputado Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, llevaron a la OA a iniciar un expediente para determinar si existieron infracciones éticas por parte de funcionarios públicos, incluido el presidente.
La OA recabó información de fuentes abiertas, declaraciones juradas patrimoniales, registros de audiencias públicas y respuestas de organismos estatales. Se analizaron los vínculos entre los funcionarios y las empresas o personas asociadas al proyecto, como KIP Protocol (cuyo CEO es Julián Peh), Kelsier Ventures (representada por Mark Hayden Davis), Tech Forum SRL (con Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy), y otros actores del ecosistema cripto.
El expediente también examinó la situación de Sergio Daniel Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien figuraba entre los investigados por la Justicia federal y tenía antecedentes de consultas sobre incompatibilidades e intereses en el sector fintech y blockchain.
