El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó el plan oficial para flexibilizar convenios, eliminar sanciones a empresas y vincular los salarios a la productividad individual.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados continuó esta mañana con el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2026, que incluye un capítulo clave sobre la política laboral del Gobierno nacional. En la reunión, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, presentó los lineamientos de la reforma laboral que la administración de Javier Milei prevé implementar en la segunda mitad de su gestión, y que introduce cambios sustanciales en la forma de negociar salarios y convenios colectivos.
Cordero confirmó que, desde hace dos meses, su equipo trabaja “junto a los que firmaron el Pacto de Mayo” en una propuesta de transformación profunda del sistema laboral. Según explicó, el objetivo es “proteger al sector privado” y “garantizar la sostenibilidad de las empresas”, en un contexto de tensiones por la falta de homologación de paritarias y los cuestionamientos de los sindicatos.
Salario dinámico y convenios por empresa
El funcionario adelantó que la reforma incluirá la creación del salario dinámico, un mecanismo que vincula la remuneración con la productividad individual del trabajador, en lugar de hacerlo con criterios colectivos. “Los salarios reales deben ser superiores a los de convenio y deben premiar el mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo”, afirmó.
Además, el Gobierno impulsará un nuevo esquema de convenios por empresa, que permitirá que cada firma negocie directamente con su representación sindical interna si considera que la paritaria nacional quedó por encima de su capacidad económica. Según Cordero, esta modalidad “generará un diferencial salarial hacia arriba” y permitirá “adaptar los acuerdos a las realidades productivas de cada región del país”.
El proyecto cuenta con el respaldo del PRO y la UCR, al menos en este punto, y busca reemplazar el actual modelo de convenios por actividad, que el oficialismo considera rígido y poco competitivo.
“Una nueva dinámica paritaria”
Durante su exposición, Cordero defendió los aumentos del 1% acordados en algunas paritarias recientes. Explicó que la “modificación de la matriz económica”, con una moneda más estable y sin “impuesto inflacionario”, cambió por completo la dinámica de las negociaciones salariales. “Hoy ya no se trata de correr detrás de la inflación”, sostuvo.
El secretario de Trabajo también respondió a las críticas opositoras sobre el cierre de empresas, el aumento de la informalidad y la pérdida de empleos, especialmente en la industria. “Los gremios responsables entienden que la empresa tiene que ser sostenible en el tiempo. Los que protegen a sus trabajadores son los que cuidan que la empresa siga abierta”, argumentó.
Eliminación de multas y búsqueda de formalidad
Cordero defendió además la eliminación de las multas a las empresas que no cumplen con la legislación laboral, una medida incluida en la Ley Bases. Explicó que las sanciones “iban al Estado y no al trabajador”, y que su eliminación apunta a “favorecer el desarrollo y reducir la informalidad”.
“Haber eliminado las multas fue el comienzo de un proceso. Por supuesto que falta, pero lo que se hizo fue una base”, subrayó. Según el funcionario, el nuevo esquema busca incentivar la contratación formal y generar un clima de mayor previsibilidad para el sector privado.
Debate cruzado por los números del empleo
Durante la jornada, los bloques opositores —en especial Unión por la Patria— cuestionaron los indicadores laborales presentados por el Gobierno, señalando el incremento de la informalidad, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de pequeñas y medianas empresas. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la reforma como una herramienta para modernizar el mercado laboral y estimular la competitividad.
La discusión continuará en las próximas semanas, mientras el oficialismo busca incorporar la reforma laboral dentro del Presupuesto 2026, con la promesa de inaugurar una “nueva etapa” en la relación entre el Estado, los trabajadores y el sector empresario.
