El Gobierno lanzó una batería de reformas que busca formalizar el ahorro en dólares, reducir la burocracia fiscal y facilitar el movimiento de dinero.
Hace 6 Hs
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de presentar las medidas, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Administración de Recursos de Control y Auditoría (ARCA), Juan Alberto Pazo. El eje del anuncio fue la decisión del Gobierno de avanzar hacia una “dolarización endógena”, es decir, una economía basada en el uso libre y creciente del dólar, sin una imposición formal del régimen.
Adorni aseguró que los ciudadanos “no serán perseguidos” por haber comprado dólares informalmente y podrán utilizarlos libremente. “Tus dólares, tu decisión. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”, declaró, en alusión a las prácticas anteriores de control estatal.
Durante la presentación, el Gobierno hizo un repaso crítico de la última década de cepo cambiario, afirmando que las restricciones y controles llevaron a que más del 50% de la economía funcione en la informalidad. Según cifras oficiales, por cada peso formal circulan cinco en el circuito informal, ya sea en efectivo o atesorados en divisas extranjeras.
Caputo, por su parte, remarcó que el cambio de régimen busca “devolverle la libertad a la gente” y negó que el Gobierno tenga intención de devaluar el peso. “No creemos que un dólar más caro genere competitividad. La clave es bajar impuestos, desregular e incentivar la inversión privada”, expresó.
Derogaciones y nuevos umbrales
El titular de ARCA fue el encargado de detallar las reformas técnicas del plan. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Eliminación de regímenes informativos que obligaban a reportar consumos con tarjetas, billeteras virtuales, compras de autos usados, publicaciones inmobiliarias y pagos de servicios públicos.
- Fin del “Citi de los escribanos”, que exigía reportes de todas las operaciones notariales.
- Prohibición a los bancos de exigir declaraciones juradas como condición para operar con sus clientes. Si alguna entidad lo hace, el usuario podrá rechazarlo y recurrir a Defensa del Consumidor.
- Nuevos umbrales de control: los bancos solo deberán informar transferencias superiores a $50 millones para personas físicas y $30 millones para empresas. En el caso de extracciones en efectivo, el límite se elevó a $10 millones para ambos tipos de usuarios.
Pazo justificó las decisiones señalando que la expansión de la burocracia fiscal “redujo la formalidad y favoreció la evasión”. Según explicó, en los últimos años se nombraron más de 6.000 agentes y se duplicaron las regulaciones, con escasos resultados efectivos. De hecho, la Unidad de Información Financiera (UIF) solo logra auditar el 0,34% de los reportes que se generan.
Las medidas fueron presentadas como un giro estructural en la política fiscal y cambiaria del Gobierno. Para el oficialismo, se trata de un paso hacia un modelo más abierto, menos regulado y con incentivos para que los ahorros en dólares ingresen voluntariamente al circuito económico formal.
