Recortes en Remediar y PAMI: el costo del ajuste recae sobre las familias, los jubilados y las provincias
Según un informe del CEPA, el listado nacional de medicamentos esenciales pasó de 128 productos a solo seis principios activos, mientras que la cobertura de PAMI se redujo de casi 3.000 a unos 2.000.
El acceso gratuito a los medicamentos sufrió un fuerte retroceso durante los últimos dos años, a partir de los recortes aplicados por el gobierno de Javier Milei a los programas Remediar y PAMI.
Así lo advirtió un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que señaló que el ajuste avanzó en distintas etapas y tuvo uno de sus últimos hitos el 15 de octubre de 2026, cuando el Ministerio de Salud nacional redujo de 128 a seis los principios activos incluidos en el listado nacional de medicamentos esenciales para la atención primaria.
El trabajo sostuvo que las medidas afectaron los dos principales instrumentos públicos de acceso gratuito a medicamentos: Remediar, destinado a abastecer a los centros de atención primaria de todo el país, y la cobertura de la obra social de jubilados y pensionados. Según el CEPA, la reducción de prestaciones, beneficiarios y productos disponibles fue progresiva y terminó formalizándose mediante distintas disposiciones oficiales.
Remediar: de 128 a solo seis
Uno de los principales recortes se produjo en el programa Remediar, creado en 2002 para garantizar medicamentos esenciales gratuitos a las personas que se atienden en el sistema público de salud. El mecanismo funciona mediante botiquines que la Nación distribuye en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Llegó a abastecer a unos 8.100 establecimientos y, según datos del Ministerio de Salud, alcanzaba a 19 millones de personas.
El 15 de octubre pasado, una resolución de la cartera sanitaria derogó el listado vigente desde 2021 y lo reemplazó por una nómina de apenas seis principios activos, todos vinculados con enfermedades cardiovasculares: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.
La nueva selección dejó afuera medicamentos de uso extendido para el tratamiento de enfermedades crónicas y afecciones frecuentes. Entre ellos figuran la metformina, utilizada para la diabetes; la levotiroxina, para el hipotiroidismo; el salbutamol, indicado para el asma y la EPOC; antibióticos como la amoxicilina y la cefalexina; fluconazol, loratadina, suplementos de hierro y ácido fólico, además de distintos anticonceptivos.
Según el CEPA, la decisión representa el último paso de un proceso de reducción iniciado en 2024. En ese momento, los botiquines contenían unos 75 productos. Durante el primer semestre de 2026, la cantidad bajó a alrededor de 30 y, desde julio, a entre 22 y 23 medicamentos.
También disminuyó la cantidad de centros de salud abastecidos: de unos 8.100 establecimientos se pasó a 4.131 en la última entrega de 2025 y a 4.202 en la primera de 2026. En paralelo, los tratamientos dispensados cayeron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una reducción del 62%.
El informe agregó que el presupuesto asignado al programa para 2026, de $36.054 millones, representa una caída real del 72% respecto del ejecutado en 2023.
El impacto, según el estudio, alcanza principalmente a las personas que no tienen obra social ni prepaga, un universo que supera el 44% de la población. También advierte sobre las consecuencias para niños, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres que accedían a anticonceptivos gratuitos. La menor disponibilidad de medicamentos en los centros de atención primaria podría, además, trasladar consultas hacia hospitales de mayor complejidad y aumentar el gasto de bolsillo de las familias.
El costo del ajuste, a las provincias
Otro de los puntos señalados por el CEPA es el impacto que tendrá la reducción de los envíos nacionales sobre las administraciones provinciales y municipales. La administración libertaria sostuvo que la atención primaria es una competencia provincial y que el nuevo listado tiene carácter orientativo. Sin embargo, el informe advirtió que la responsabilidad de cubrir los medicamentos que dejaron de llegar desde la Nación recaerá sobre las jurisdicciones, con posibilidades muy diferentes según su capacidad fiscal.
Como ejemplos, menciona que Santa Fe destinará $17.675 millones durante 2026 para comprar 195 productos, mientras que Misiones estimó que necesitará unos $800 millones para reponer los medicamentos que ya no recibe del Estado nacional.
El estudio anticipa que esta situación puede profundizar las desigualdades territoriales en el acceso a tratamientos básicos. Además, señala que en enero de 2027 está prevista la implementación plena del traspaso del programa a las provincias.
PAMI: menor cobertura
El segundo eje del informe estuvo centrado en los recortes de la cobertura de medicamentos del PAMI, que alcanza a más de 5,3 millones de personas, en su mayoría mayores de 60 años.
De acuerdo con el CEPA, el ajuste también se desarrolló por etapas desde 2024. En abril de ese año, los medicamentos gratuitos por afiliado pasaron de seis a cinco. En junio se excluyeron 11 moléculas de las 167 que tenían cobertura del 100%, mientras que en agosto se quitaron otras 44, entre antibióticos, corticoides y analgésicos.