El fallo de la magistrada Loretta Preska benefició a fondos especializados en litigios internacionales. El Gobierno nacional no pagó una garantía.
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Segundo Distrito de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del cumplimiento de la sentencia por la expropiación de la petrolera, realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión fue comunicada como parte del avance en el proceso iniciado por los fondos especulativos Burford Capital y Eton Park, beneficiarios del fallo judicial que condenó al país a pagar más de U$S16.000 millones.
La información fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X (antes Twitter), y marca un nuevo capítulo en el extenso litigio internacional por la estatización de YPF, consignaron distintos medios periodísticos.
“Argentina, cuando asumió Milei, debería haber depositado una garantía para evitar embargos durante el proceso de apelación iniciado en octubre de 2023”, explicó Maril. “Esa garantía debía presentarse en enero de 2024. Al no hacerlo, la ley estadounidense habilita el embargo de activos del Estado. Uno de ellos es, precisamente, el paquete accionario en YPF”.
Según Maril, la decisión de Preska se tomó a pesar de las recomendaciones contrarias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “Un año y medio después de iniciados los pedidos de embargo, la jueza accedió al reclamo de los beneficiarios. Obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones que posee en YPF como parte de pago. Es evidente que el país no lo hará voluntariamente, y presentará una nueva apelación. De hecho, ya tiene tres apelaciones activas en este proceso”, señaló.
El origen del conflicto
El conflicto judicial se originó en 2012, cuando el Gobierno argentino impulsó la estatización de YPF. En ese momento, Repsol poseía el 57,5% de las acciones, Petersen Energía el 25,5% y el restante 17% estaba en manos de otros accionistas minoritarios, incluido Eton Park.
Tras la declaración de “interés público” de la empresa y la “ocupación temporaria” del paquete accionario de Repsol, el Estado completó la expropiación en mayo de 2014, luego de pagarle a la petrolera española U$S5.000 millones en bonos soberanos, publicó el diario «La Nación».
Ese mismo año, los derechos legales de Petersen (firma controlada por la familia Eskenazi, que se había declarado en quiebra en España) fueron adquiridos por Burford Capital, un fondo especializado en litigios. En 2015, Burford, a través de su filial Prospect Investments, y Eton Park iniciaron demandas contra la Argentina y contra YPF por presunto incumplimiento contractual y de las obligaciones estatutarias de oferta pública.
