El funcionario judicial mantuvo la acusación del fiscal de Casación por asociación ilícita; ahora solo resta que se pronuncie la Corte Suprema.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó este jueves que debe revisarse y agravarse la condena impuesta a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por corrupción en la obra pública, conocida como el caso Vialidad. Casal sostuvo que, además del fraude en las licitaciones adjudicadas en Santa Cruz, la líder peronista debe ser condenada también por el delito de asociación ilícita, lo que implicaría una pena de 12 años de prisión.
La postura de Casal respalda la apelación presentada por el fiscal de Casación Mario Villar, quien objetó el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que en 2023 ratificó una condena de seis años de prisión, pero absolvió a Kirchner y otros acusados del cargo de asociación ilícita.
El dictamen de Casal considera que dicha sentencia incurrió en una “arbitrariedad manifiesta”, al no responder adecuadamente los planteos del Ministerio Público Fiscal y aplicar criterios erróneos en la interpretación de los delitos imputados. En particular, cuestiona que el tribunal haya descartado la existencia de una asociación ilícita bajo el argumento de que los hechos constituían una sola defraudación, integrada por actos conexos, sin planes delictivos independientes.
Según el Procurador, este razonamiento desconoce que la asociación ilícita es un delito autónomo, que se consuma con la sola participación en una organización delictiva, sin necesidad de que los delitos planificados lleguen a concretarse. Además, criticó que el tribunal no haya admitido pruebas claves ofrecidas por la fiscalía, como las declaraciones de imputados colaboradores en otras causas, como la de los cuadernos de las coimas.
Casal también apuntó a la reducción sustancial del monto del decomiso, es decir, la recuperación de fondos públicos presuntamente desviados. Señaló que la Cámara no evaluó adecuadamente el cálculo detallado presentado por el fiscal Villar y desestimó el perjuicio económico mediante una “fórmula abstracta”, consignó el diario «La Nación».
Ahora, la decisión queda en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que deberá determinar si rechaza los recursos presentados por ambas partes y confirma la condena vigente, lo que activaría de inmediato la pena de prisión y la inhabilitación política de la expresidenta. O bien, si acepta el recurso de Casal o el de la defensa, lo que devolvería el expediente a la Cámara de Casación para un nuevo análisis, permitiendo a Kirchner ganar tiempo y conservar la posibilidad de competir en las elecciones. El cierre de listas en la provincia de Buenos Aires está previsto para el 19 de julio.
